La secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, aseguró que no habrá desvíos ni condicionamiento de programas sociales con fines electorales, por lo que adelantará pagos para evitar transferencias durante la jornada electoral.
La secretaria de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles, garantizó que no habrá desvíos ni condicionamiento de programas sociales con fines electorales, y una medida para evitarlo será adelantar los pagos de Prospera y 65 y más, por lo que no habrá transferencia monetaria durante la jornada electoral.
“No es viable en democracia pensar los derechos sociales a costa de los derechos políticos o viceversa”, reconoció Robles.
“Compartimos la preocupación de que los programas sociales se apliquen para satisfacer apetitos electorales. La construcción de un padrón único de beneficiarios, tanto de la Cruzada Nacional contra el Hambre como más allá de ella, pretende que los beneficiarios estén plenamente e identificados para que nadie pueda valerse de la pobreza y de los recursos públicos para agenciarse votos”, expuso.
En la sede del Instituto Nacional Electoral (INE) el consejero presidente, Lorenzo Córdova y la titular de Sedesol, Rosario Robles, firmaron un acuerdo de colaboración para evitar el uso electoral del gasto social, con vigencia no sólo durante 2015, sino hasta 2018.
Córdova Vianello explicó que el convenio incluye tres elementos: evitar uso electoral de programas sociales, fortalecer los valores democráticos de la sociedad y de los servidores públicos, además de establecer un mecanismo de consulta para resolver dudas que pudieran existir en la interpretación de la ley.
Por eso el acuerdo firmado con Sedesol se complementa con los acuerdos para garantizar la imparcialidad de servidores públicos y para evitar el uso electoral de programas sociales, avalados por el INE el 25 de febrero.
El primero, detalló, son normas específicas para evitar la difusión personalizada de propaganda gubernamental -ante la ausencia de ley reglamentaria- y el otro para inhibir uso electoral de programas sociales en los 3 niveles de gobierno.
Ambos son “una llamada de atención para que no haya inercia, intencionalidad u omisión de los servidores públicos que altere la equidad de las contiendas”.
