El consejero Jurídico del Ejecutivo Federal, Humberto Castillejos Cervantes, en representación del presidente de la República, Enrique Peña Nieto presentó demanda de controversia constitucional en contra de los poderes Ejecutivo y legislativo de los estados de Zacatecas y Baja California, con motivo de la expedición de las leyes en materia educativa de cada entidad federativa, mismas que contravienen algunas disposiciones de la Constitución General de la República, las leyes reglamentarias correspondientes, y por lo mismo, el espíritu de la reforma educativa.
A través de un comunicado, la SEP informó que esas dos controversias se suman a las cuatro presentadas el 15 de abril pasado, en el mismo sentido, en contra de las legislaturas y ejecutivos estatales de Oaxaca, Sonora, Michoacán y Chiapas.
En el caso particular del estado de Baja California, el poder legislativo estatal aprobó la Ley del Servicio Profesional Docente de la entidad invadiendo gravemente las facultades que expresamente le atribuye la Constitución Mexicana al Congreso Federal en todo el país”, señala la Secretaría.
Con estas controversias, añadió, se busca que se declare la invalidez de estas normas locales por ser inconstitucionales, con el fin de que se garanticen la congruencia de los marcos jurídicos locales con lo establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes secundarias en materia educativa.
En todos los casos, la finalidad de estas controversias es que, si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) las considera fundadas, se obligue a los Poderes Legislativos de dichas entidades a emitir sus legislaciones en materia educativa conforme a lo que establece la Constitución del país.
Con estas medidas, el gobierno de la República reitera su firme compromiso con la reforma educativa aprobada por el Congreso de la Unión y la mayoría de los congresos estatales, y su responsabilidad de vigilar que la legislación local de todas las entidades del país esté en perfecta armonía con la reforma constitucional en materia educativa y con las leyes generales correspondientes, en beneficio de la niñez mexicana al tener un marco legal que garantice una educación de calidad”, agregó.
