El procurador de Justicia del estado, Joaquín Carrillo Ruiz, anunció que hay una denuncia penal integrada contra los padres de la niña triquí que fue vendida María Juana Santiago y Margarito Cruz Aguilar y en contra el abogado Basilio Estrella que compró a la menor en 40 mil pesos por los delitos de trata de persona, robo de infante y corrupción de menores.
En entrevista, afirmó que a petición del DIF-estatal, se integró una averiguación previa ante la Subprocuradora de Investigación de Violencia contra la Mujer por Razones de Género, que se encuentra abierta y donde figuran como indicados tantos los padres que vendieron a su propia hija, como en contra del abogado que la adquirió mediante el pago de 40 mil pesos, por concepto del pago de una deuda por la presentación de servicios jurídicos a los familiares de la agraviada.
¿Se integró alguna averiguación por el caso de la venta de la niña triqui?
-“Sí, hay un averiguación previa abierta, por la denuncia de venta de la menor. Nosotros no hemos terminado la investigación que sigue su cauce”.
¿El comprador incurrió en un delito, lo mismo que sus familiares por venderla como pago de una deuda?
“-Si se incurre en un delito, hay varios de acuerdo al Código Penal como son el delito de trata, corrupción de menores y robo de infante, cuya penalidad es de 30 a 40 años de prisión sin derecho a fianza”.
Carrillo Ruiz, afirmó que la denuncia contra los padres fue presentada por el cuerpo jurídico del DIF-Estatal.
Con respecto a los casos por venta de menores, mencionó que se tienen otros dos casos en proceso. Mismo que, -precisó- no han concluidos y se mantienen en su fase procesal.
Con respecto a la actuación de la juez familiar que ordenó la tutela de la menor triqui a favor de sus padres, abundó que tienen conocimiento que la agraviada no fue entregada directamente a sus padres.
“Se encuentra en las instalaciones del DIF, bajo su resguardo del Poder Judicial, donde se está en espera que los padres cumplan con las condiciones se que estipularon para puedan gozar de la patria protestad de la infante.
Tengo entendido que los tutores tiene de seis meses hasta un año para cumplir con las disposiciones expedida por la juez, de lo contrario la menor seria conferida a un familiar o quedaría bajo tutela del estado.
Físicamente materialmente está bajo custodia del DIF y del Poder Judicial, donde también se está en espera del curso de la investigación que procesamos respecto del caso”, detalló.
La menor cuenta en estos momentos con medidas cautelares dictada por la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), dentro del albergue del DIF, localizado en la colonia Miguel Alemán de la Ciudad de Oaxaca que está custodiado por la policía estatal ante el riesgo de una posible sustracción.
