Migrantes originarios de San Agustín Amatengo radicados en Estados Unidos, junto con pobladores de esa comunidad y organizaciones sociales, solicitaron al Gobierno de Oaxaca la liberación inmediata de personas que consideran “presos políticos” y la realización de una auditoría al manejo de los recursos públicos municipales.
En un pronunciamiento dirigido al gobierno estatal, a la opinión pública y a la sociedad en general, los firmantes —entre ellos el Movimiento Lubizha, la Comuna Trinacional de Oaxaqueños Campesinos Migrantes y el Centro de Derechos Humanos Tepeyac del Istmo de Tehuantepec— denunciaron lo que califican como “tolerancia institucional” frente a presuntos actos de corrupción en la administración municipal.
Los inconformes exigieron la “libertad inmediata de todas y todos los presos políticos y de conciencia de San Agustín Amatengo”, así como la devolución de unidades retenidas en el contexto del conflicto comunitario.
Asimismo, solicitaron una auditoría y el esclarecimiento público, ante el Congreso local, del uso de los recursos ejercidos durante la gestión de la presidenta municipal Ithalivi Sarahí Juárez.
En el documento pidieron que se dé vista a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca para que investigue posibles delitos como corrupción y abuso de poder.
El pronunciamiento menciona que la información sobre la revisión de cuentas públicas debe remitirse también a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo; al gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz; al secretario general de Gobierno, Jesús Romero López, y a la titular del órgano electoral local, Elizabeth Sánchez González.
