A más de dos años de haber realizado trabajos para la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Oaxaca , el proveedor Carlos Santiago Velásquez denunció que el organismo mantiene un adeudo de 47 mil 300 pesos y ha incurrido en prácticas administrativas irregulares que pudieron vulnerar la normativa interna.
Santiago Velásquez presentó una solicitud de intervención ante la Unidad de Asuntos Jurídicos del INE, luego de que—pese a múltiples requerimientos—no obtuviera el pago por la reparación y fabricación de mobiliario realizado desde mayo de 2023 en los dos edificios de la Junta Local, incluidos módulos del padrón electoral.
Según la documentación entregada, el proveedor emitió la factura correspondiente el 7 de junio de 2023. Sin embargo, el pago fue postergado por la jefatura de recursos materiales sin explicación formal.
El conflicto escaló el 26 de julio de ese año, cuando personal de la Junta Local pidió al proveedor cancelar la factura original y emitir una nueva por solo 9 mil 566 pesos, bajo el argumento de que el monto sería cubierto en tres parcialidades. No obstante, ni ese pago reducido ha sido cubierto, y la cancelación de la factura nunca fue aceptada en el portal del SAT, por lo que el comprobante continúa vigente.
El 10 de enero de 2024, el proveedor notificó por escrito al Vocal Ejecutivo del INE en Oaxaca, Martín Martínez Cortázar, sobre el incumplimiento. La Vocal Secretaria, Chrystian Verónica González Labastida, solicitó documentación adicional, la cual fue entregada cinco días después. Desde entonces, no hubo respuesta de ninguna autoridad de la Junta Local.
En su solicitud dirigida al titular suplente de la Unidad de Asuntos Jurídicos, Luis Oswaldo Peralta Rivera, el proveedor recordó que los artículos 490 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 82 del Reglamento Interior del INE obligan a los órganos internos a prevenir irregularidades en el manejo de recursos públicos y a verificar la correcta aplicación de los mismos.
Para el afectado, la falta de liquidación no sólo representa una omisión administrativa, sino un posible quebranto a los procedimientos internos que regulan la contratación y el uso de recursos en el instituto encargado de arbitrar la vida democrática del país.
Un caso que exhibe fallas internas
La denuncia revive cuestionamientos sobre los mecanismos de contratación y pago del INE en los estados, en momentos en que el organismo enfrenta recortes y presiones crecientes para transparentar su operación administrativa.
Lo que sigue
Velásquez solicitó al Órgano Interno de Control iniciar una revisión inmediata y ordenar el pago pendiente. Copias de su escrito fueron remitidas a la Presidencia del Consejo General y a la Secretaría Ejecutiva del INE.
El proveedor reiteró el 30 de enero de 2024 su exigencia de pago total. A la fecha, la Junta Local continúa sin responder.
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