En el corazón del Istmo de Tehuantepec, una de las regiones más violentas para las mujeres en esta parte del país, organizaciones civiles y colectivas feministas alzaron la voz este martes para exigir justicia ante el alarmante incremento de feminicidios en Oaxaca.
Con una concentración en el monumento a los Héroes Juchitecos, denunciaron la inacción estatal y la impunidad que rodea estos crímenes.
La Red de Mujeres Lesbianas Nguiu’, el Grupo de Mujeres 8 de Marzo A.C. y personas sexodisidentes del Istmo encabezaron el acto, que reunió a activistas, familiares de víctimas y ciudadanas indignadas. Su pronunciamiento fue claro: Oaxaca atraviesa una crisis feminicida y las autoridades no han estado a la altura.
Según cifras expuestas por las organizaciones, desde el inicio del actual sexenio se han registrado 247 feminicidios en el estado. Solo en los primeros siete meses de 2025 se han cometido 44, y Juchitán de Zaragoza se ha convertido en el municipio más peligroso para las mujeres.
“El asesinato de Maricela Aquino, joven estudiante ultimada por su pareja en esta región, ha encarnado el dolor colectivo y la urgencia de un cambio”, expresaron. Su nombre, junto al de Reina Violeta y decenas más, resuena como símbolo de la falta de justicia y de la necesidad de una respuesta institucional contundente.
Las organizaciones denunciaron que la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Mujer por Razón de Género y los servicios periciales en el Istmo operan con recursos humanos y técnicos insuficientes.
Pese a que más del 26% de los asesinatos de mujeres en Oaxaca se concentran en esta zona, la capacidad institucional para investigar y sancionar los casos no se ha reforzado.
También criticaron la omisión sistemática de las autoridades judiciales, que con frecuencia impiden que los crímenes se investiguen como feminicidios desde un inicio, como marca el marco legal vigente.
“La revictimización y los obstáculos en el acceso a la justicia son constantes para las familias”, señalaron.
Entre sus demandas figuran:
El fortalecimiento urgente y regionalizado de los servicios periciales, con personal especializado en medicina forense, psicología, criminalística y antropología forense.
La instalación de espacios físicos permanentes de la Fiscalía Especializada en municipios con alta incidencia de violencia, más allá de Juchitán y Tehuantepec.
Que todos los asesinatos violentos de mujeres sean investigados de manera inicial como feminicidios.
El cumplimiento de las recomendaciones internacionales en materia de derechos humanos y violencia de género, como las emitidas por la CEDAW y la Convención de Belém do Pará.
La implementación de políticas públicas con enfoque intercultural, especialmente dirigidas a comunidades indígenas y afromexicanas.
“El Estado ha fracasado en su deber de garantizar el derecho a una vida libre de violencia para las mujeres en Oaxaca”, concluyeron. “Nos negamos a vivir con miedo. Nos negamos a seguir contando nombres.”
La movilización de este martes no solo fue un acto de duelo, sino también de resistencia. Las organizaciones anunciaron que mantendrán su exigencia activa hasta que se frene la impunidad y el feminicidio deje de ser una condena silenciosa en el sur del país.
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