Tres semanas después del asesinato de la presidenta municipal Lilia Gema García Soto, la explanada de esa localidad serrana volvió a llenarse, esta vez no para rendir duelo, sino para decidir cómo evitar el naufragio institucional que dejó el crimen.
La asamblea general —la forma de gobierno comunitario más arraigada en la Sierra Sur— acordó solicitar al Congreso de Oaxaca la desaparición de poderes para la posterior designación de un administrador municipal que guíe los destinos de los habitantes de esa población.
Luego de la renuncia “irrevocable” de los concejales municipales ante el pueblo, “porque no pueden garantizar la gobernabilidad ni tranquilidad en la población”, la asamblea general acordó medidas urgentes para recuperar la tranquilidad, seguridad y gobernabilidad en ese municipio.
El miedo aún se respira en San Mateo Piñas tras el atentado que sacudió al municipio cuando un comando irrumpió el 15 de junio en el Palacio Municipal y acribilló a García Soto y a un representante comunitario. El ataque, perpetrado con armas de alto calibre, dejó además una funcionaria herida y más de 60 casquillos en la escena, según la Fiscalía estatal.
Mientras, la asamblea encomendó al licenciado Marcos García y a Ever García Almaraz la custodia de los bienes y archivos municipales.
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