Sentencia por emboscada en la Sierra Sur rompe cerco de impunidad en conflictos agrarios

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La sentencia de 420 años de prisión en contra de dos responsables del homicidio de 13 personas en una emboscada ocurrida en 2018 en la Sierra Sur, fue catalogada por el Grupo de Inteligencia y Coordinación Agraria para la Paz en Territorio como un precedente histórico contra la impunidad y para quienes inciten a la violencia en el marco de algún conflicto agrario.

Representantes del organismo estatal señalaron que dicha resolución es un llamado a no crear barreras que impidan el respeto a la integridad y a la vida ante cualquier conflicto existente en las comunidades oaxaqueñas.

La sentencia lograda por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) que impone 210 años de cárcel para cada uno de los culpables, es relevante pues impone, además el pago de 403 mil pesos a cada una de las víctimas indirectas, lo que suma un total de 5 millones 200 mil pesos por concepto de reparación del daño.

Esta acción deja claro que habrá plena responsabilidad para las personas que incentiven y comentan delitos por conflictos agrarios.

Para el Grupo de Inteligencia y Coordinación Agraria para la Paz en Territorio la sentencia impuesta por el Poder Judicial del Estado de Oaxaca es un mensaje que debe llegar a todas las personas que participan en este tipo de conflictos, lo cual incluye también a las personas autoras intelectuales que generan violencia.

El diálogo y la conciliación deben ser el único camino para la resolución de las problemáticas, por ello se rompe el cerco de impunidad que había existido y se exhorta a las comunidades a abandonar cualquier camino de violencia pues las consecuencias serán las previstas en la ley.

En el Grupo participan instancias del Gobierno Federal como las secretarías de Gobernación (Segob) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), el Registro Agrario Nacional (RAN), y la Procuraduría Agraria (PA), así como la Secretaría de Gobierno (Sego), la FGEO, la Junta de Conciliación Agraria del Estado de Oaxaca y la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos (CADH), entre otras.

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