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La Jornada.
Ciudad de México. México produce menos petróleo y consume más gasolina, así que “ya no hay más alternativas para subsidiar el precio de la gasolina y éste debe reflejar su costo real verdadero en el mercado”, justificó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) al insistir una vez más y después de una semana de protestas en el país contra el incremento en el precio de las gasolinas y el diésel, que éste no es un nuevo impuesto ni tampoco consecuencia de la reforma energética sino que se debe al incremento en el precio del petróleo a nivel mundial y a la depreciación del preso frente al dólar.
Cada día se consumen 190 millones de litros de gasolina en México, con lo que se coloca como el cuarto consumidor de combustibles a nivel mundial, así que “mantener los precios artificialmente bajos representaría un esfuerzo considerable”, advirtió.
“Las condiciones han cambiado para México, ya que se produce menos petróleo y se consume más gasolina. En los últimos años nuestro país pasó de la posición 9 como consumidor per cápita de gasolinas a la posición 4, y del lugar 8 como productor de crudo en el mundo a la posición 12. De los 2.6 millones de barriles diarios que producía de crudo, ahora sólo produce 1.9 millones de barriles diarios”, indicó la dependencia a través del informe del vocero que se emite cada domingo.
Sobre el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), destacó que durante todo 2017 el gobierno federal proporcionará un estímulo fiscal fijo de 1.12 pesos por litro para la gasolina Magna, de tal manera que dicho gravamen bajará de 4.30 a 3.18 pesos por litro y así quedó establecido en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF).
De acuerdo con la SHCP el subsidio que existió para las gasolinas y el diésel en los últimos años fue equivalente a 5.5 puntos del Producto Interno Bruto (PIB) del país, toda vez que superó los 900 mil millones de pesos. Ese subsidio fue posible en tanto que México tuvo entonces excedentes petroleros, señaló, pero de seguirlo manteniendo habría implicado un costo para los mexicanos de alrededor de 200 mil millones de pesos, en detrimento de programas sociales y de vacunación, becas para educación, apoyos para adultos mayores, pago de pensiones, escuelas y hospitales, como fue remarcado por el presidente Enrique Peña Nieto en los discursos que dio sobre el tema en la semana que concluyó.
Ahora, con el nuevo esquema “de flexibilización” en el precio de los combustibles, en vigor desde el primero de enero de este año y que divide el territorio nacional en 90 regiones (7 en frontera y 83 en el resto del país), se contará con igual número de precios máximos diferenciados, que reflejen el costo real de los precios internacionales del petróleo y los costos de logística, ya que han sido establecidos a partir de lo que implique para cada zona trasladar los combustibles desde las refinerías de Petróleos Mexicanos (Pemex) o desde los puntos de importación, pero también en función de los diferentes tipos de infraestructura para el transporte y distribución del combustible.
Los precios más bajos se concentran en la zona del Golfo de México, particularmente en Veracruz, Tabasco y Yucatán, porque son los estados que cuentan con la mayor infraestructura al respecto. De cualquier manera, Hacienda reiteró que los 90 precios máximos fijados en México “son competitivos en comparación con los que se observan en otros países, en los que el pecio promedio para gasolina Magna es de 23.3 pesos por litro, mientras en nuestro país es de 15.99 pesos por litro”, pero sin hacer comparativos sobre el nivel de ingresos de la población mexicana con los naciones con las que hace la comparación en los precios de los energéticos.
“La intención es que el gobierno deje de determinar discrecionalmente los precios de los combustibles y que, de manera gradual y ordenada, éstos se flexibilicen en todas las regiones del país a fin de que sea el mercado y no la autoridad (por cuestiones políticas o tributarias) el que determine los precios”, además de establecer un impuesto fijo, como sucede en la mayoría de los países, puntualizó la SHCP.
La dependencia confía en que con el nuevo esquema haya más competencia y “México atraerá nuevas inversiones que generen la infraestructura que se necesita para contar con un mercado de combustibles eficiente que redunde en mejores condiciones para los consumidores, como disminución en costos de distribución y logística”.
Recordó que la flexibilización del precio de las gasolinas y diésel en realidad comenzó desde 2015 cuando se estableció un precio fijo que se mantuvo todo el año y, posteriormente, en 2016, se impuso un esquema donde los costos se movían de acuerdo a las referencias internacionales, dentro de una banda de más o menos 3 por ciento.
