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Dos presuntos integrantes de una célula dedicada a la extorsión en el Istmo de Tehuantepec fueron vinculados a proceso y enviados a prisión preventiva, luego de ser acusados de amenazar y atacar a balazos el negocio de una comerciante para obligarla a pagar “derecho de piso”.
La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó que los imputados, identificados como E.L.J. y J.S.O., enfrentan cargos por el delito de extorsión agravada en agravio de una empresaria dedicada a la elaboración y venta de ropa tradicional en Juchitán de Zaragoza.
De acuerdo con las investigaciones, los hechos se remontan a marzo de este año, cuando la víctima comenzó a recibir presiones de varias personas que le exigían entregas periódicas de dinero para permitirle continuar con sus actividades comerciales.
Las indagatorias establecen que los presuntos responsables acudieron directamente al establecimiento para exigir los pagos y lanzar amenazas. Ante la negativa de la comerciante, el inmueble fue atacado con disparos de arma de fuego como medida de intimidación.
La carpeta de investigación señala además que las amenazas continuaron mediante mensajes enviados por WhatsApp, donde los agresores insistían en el cobro de piso y advertían sobre posibles represalias en caso de incumplimiento.
Tras la denuncia y el trabajo coordinado de la Unidad Especializada en el Combate al Secuestro (UECS) y la Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto, agentes ministeriales reunieron pruebas suficientes para obtener órdenes de aprehensión contra los señalados.
Una vez detenidos, ambos fueron presentados ante un Juez de Control, quien valoró los datos de prueba aportados por el Ministerio Público y determinó vincularlos a proceso por el delito de extorsión agravada.
Como medida cautelar, la autoridad judicial ordenó prisión preventiva justificada para los dos imputados y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.
La Fiscalía sostuvo que mantiene operativos de inteligencia e investigación en la región del Istmo para combatir delitos de alto impacto, particularmente aquellos relacionados con extorsión y actividades de grupos generadores de violencia.
