Estado
Nacional
La Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca (ASFEO) detectó irregularidades por más de 20.5 millones de pesos en la ejecución de una obra de agua potable realizada durante el ejercicio fiscal 2024 en el municipio de Huautla de Jiménez, por lo que emitió un pliego de observaciones para que las autoridades municipales aclaren el destino de los recursos públicos.
De acuerdo con el Informe Final de Auditoría de la Cuenta Pública 2024, los auditores determinaron que el Ayuntamiento no presentó la documentación necesaria para acreditar la planeación, autorización, contratación, ejecución, comprobación y entrega de una obra denominada “Construcción de Línea de Conducción de Agua Potable en la localidad de Huautla de Jiménez”.
La observación, identificada como ACF-39, involucra un monto de 20 millones 594 mil 516 pesos con 80 centavos, recursos cuyo ejercicio no pudo ser corroborado por la autoridad fiscalizadora debido a la ausencia de expedientes técnicos y administrativos.
Según el documento, la falta de información impidió verificar si los trabajos se realizaron conforme a los plazos establecidos, los montos contratados, las cantidades ejecutadas y las especificaciones pactadas, así como comprobar que los pagos efectuados correspondieran realmente a la obra ejecutada.
Por estos hechos, la ASFEO promovió el Pliego de Observaciones 2024-OA/CPM/013/2025-PO-18, mediante el cual requirió al municipio presentar documentación comprobatoria o, en su caso, reintegrar los recursos observados.
La auditoría señala posibles incumplimientos a diversas disposiciones federales y estatales en materia de obra pública, contabilidad gubernamental, planeación, ordenamiento territorial y manejo de recursos públicos.
Aunque el Ayuntamiento entregó posteriormente información relacionada con la obra observada, la documentación fue sometida a análisis por parte de la instancia fiscalizadora para determinar si solventa las irregularidades detectadas.
La observación no implica de manera automática responsabilidad administrativa o penal; sin embargo, abre la posibilidad de que las autoridades competentes determinen posibles faltas en el manejo de recursos públicos en caso de que las inconsistencias no sean aclaradas.
