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La detención de un hombre identificado como Lugger O. S. escaló en controversia luego de que su familia denunciara presuntas irregularidades en el operativo y lo señalara como víctima de un montaje relacionado con un caso de alto impacto en el Istmo de Tehuantepec.
De acuerdo con Sxcanda Orozco Sibaja, familiar del detenido, los hechos ocurrieron alrededor de las 02:20 horas del lunes 27 de abril, cuando un grupo de hombres armados irrumpió en su domicilio, en la colonia Adolfo C. Gurrión, en Juchitán de Zaragoza, sin orden de cateo ni de aprehensión.
Según su versión, los sujetos —a quienes posteriormente atribuyen ser agentes de la Fiscalía estatal— causaron daños, desactivaron cámaras de vigilancia y sometieron a los ocupantes de la vivienda, mientras buscaban a una persona identificada como “Francisco”.
Pese a que el detenido negó ser quien buscaban y presentó identificaciones, fue esposado y trasladado. La familia denunció además el presunto robo de objetos de valor durante el operativo, así como actos de violencia y amenazas contra los presentes.
Horas después, señalaron, el hombre no aparecía en registros oficiales de detención, lo que generó incertidumbre sobre su paradero. Fue hasta después de las 11:00 horas cuando su nombre fue incorporado en plataformas institucionales, aunque —afirman— con datos distintos sobre el lugar y la hora de su aseguramiento.
En una nueva declaración, la madre del detenido acusó directamente a las autoridades de fabricar pruebas y montar un caso en su contra. Sostuvo que su hijo fue presentado con evidencias que no portaba al momento de su detención y que habría sido agredido físicamente durante su custodia.
La familia aseguró que “Lugger” está siendo vinculado al asesinato del sobrino de Jesús Romero, un caso que ha generado atención política y mediática en la región, lo que —afirman— habría derivado en la fabricación de un presunto responsable.
“Quieren cerrar el caso con un culpable a modo”, señalaron, al tiempo que rechazaron cualquier vínculo del detenido con grupos delictivos o actividades ilícitas.
Los denunciantes exigieron la intervención del Gobierno estatal y de la Fiscalía General del Estado para revisar la legalidad del operativo, así como el resguardo de evidencia clave, entre ella los videos sustraídos del domicilio y grabaciones de cámaras de seguridad de viviendas cercanas.
También solicitaron que se investigue la actuación de los agentes que participaron en el operativo y se garantice un proceso conforme a derecho.
