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Autoridades agrarias y municipales de Santa María Tlahuitoltepec acusaron la difusión de información falsa, acoso mediático y expresiones discriminatorias contra su comunidad, tras la circulación de imágenes y mensajes en redes sociales que —aseguran— criminalizan su organización interna.
En un comunicado conjunto, el Comisariado de Bienes Comunales y el Consejo de Vigilancia señalaron que calificativos como “salvajes”, “indios” e “ignorantes” han sido utilizados para referirse a la población mixe, lo que, afirmaron, constituye actos de racismo y violencia que vulneran la dignidad de sus habitantes.
Las autoridades exigieron la intervención de instancias competentes para frenar lo que consideran una estigmatización que pone en riesgo la paz social y la integridad cultural de la comunidad.
Asimismo, condenaron la difusión de fotografías de comuneros sin su consentimiento, al advertir que el uso de estas imágenes en plataformas digitales podría comprometer la seguridad de las personas exhibidas y violar su derecho a la privacidad.
“El ejercicio de la libertad de expresión no debe utilizarse para emitir juicios sin sustento ni para desacreditar a los pueblos indígenas”, indicaron, al tiempo que hicieron un llamado a medios de comunicación y generadores de contenido a conducirse con ética y responsabilidad.
Las autoridades subrayaron que el territorio de Tlahuitoltepec se rige por un sistema comunal sustentado en la Asamblea General y su estatuto interno, el cual —sostienen— es compatible con el marco constitucional y los derechos humanos.
Finalmente, responsabilizaron a quienes difunden contenidos de odio de cualquier agresión que pudiera derivarse contra integrantes de la comunidad, y demandaron el cese inmediato de discursos discriminatorios, el retiro de imágenes que vulneren a comuneros y el respeto a su forma de organización.
El pronunciamiento fue suscrito por la Autoridad Agraria y Municipal en representación del pueblo mixe. En días recientes, autoridades municipales y agrarias de Santa María Tlahuitoltepec acordaron en asamblea la demolición de una vivienda construida en terrenos comunales, además encarcelaron a cinco integrantes de una familia por ese hecho.
