La operación política del Partido Revolucionario Institucional en Oaxaca atraviesa por una fase de alta tensión interna. Cuadros y militantes han comenzado a documentar una serie de prácticas que, aseguran, reflejan un manejo discrecional del poder por parte de la presidenta estatal, María del Carmen Ricárdez Vela, lo que ha derivado en fracturas, inconformidades y una merma en la estructura territorial.
Decisiones cupulares dinamitan los despojos del PRI en Oaxaca. Recientemente, Diana Fernanda Salinas fue relevada de la dirigencia y nómina de la Red de Jóvenes mientras que Paula Silva Zarate, sin previo aviso, recibió un duro golpe a su bolsillo: reducción del 75 por ciento del recurso del Movimiento PRI Max.
De acuerdo con testimonios recabados, la dirigencia ha sido señalada por implementar medidas de presión contra liderazgos internos para forzar cambios en la estructura partidista sin el consenso de las bases. Entre los casos más visibles se encuentra el intento de remoción de una dirigente sectorial sin aval de instancias nacionales. Al no concretarse la sustitución, acusan, se optó por reducir su apoyo económico a 5 mil pesos mensuales, en lo que califican como una estrategia de “asfixia financiera” para debilitar su posición.
A la par, integrantes del Comité estatal advierten sobre una marcada disparidad en la asignación de recursos. Señalan que secretarios encargados de la operación política perciben entre 10 mil y 15 mil pesos mensuales, montos que —afirman— resultan insuficientes para cubrir gastos de movilidad y tareas encomendadas directamente por la presidencia. Esta situación, dicen, coloca a los operadores en condiciones de vulnerabilidad económica mientras se les exigen resultados alineados a metas nacionales.
Para evadir el pago de multas derivadas de diversas irregularidades atribuidas a la actual dirigencia, otro de los factores que ha intensificado el conflicto interno es la decisión de llevar a cabo una depuración masiva del padrón de afiliados. Militantes estiman que hasta 95% de los registros fueron eliminados, lo que ha invalidado años de trabajo territorial. Bajo este escenario, la dirigencia exige la reconstrucción del padrón en plazos que consideran inviables, enfrentando además el descontento de ciudadanos que, pese a haberse afiliado previamente, no han recibido su credencial partidista.
El malestar también se extiende a la definición de metas de afiliación, donde acusan un trato desigual. Mientras a ciertos sectores se les imponen cuotas elevadas, a grupos cercanos a la dirigencia se les asignan objetivos mínimos. Esta dinámica ha generado cuestionamientos sobre la conducción interna del partido y el nivel de compromiso de la presidencia estatal en las tareas territoriales.
