En una temeraria exhibición de irresponsabilidad política, el regidor Jesús Quevedo se colocó en una seria encrucijada al acusar, sin pruebas públicas ni nombres, que existen funcionarios municipales que extorsionan a la ciudadanía.
La declaración, hecha en plena sesión de Cabildo, no sólo sacudió al Ayuntamiento, sino que dejó al descubierto la ligereza con la que se manejan acusaciones graves pero sobre todo la conducta delictiva de funcionarios y servidores públicos en el ayuntamiento morenista de la ciudad de Oaxaca.
Según el artículo 73 fracción tercera de la Ley Orgánica Municipal, sobre las facultades y obligaciones de los regidores, señala que una de ellas es: “Vigilar que los actos de la administración pública municipal se desarrollen con apego a lo dispuesto por las leyes y normas en materia municipal”.
Quevedo parece olvidar que entre sus obligaciones está vigilar el buen desempeño de la administración municipal. Si tiene conocimiento de delitos, está obligado a denunciarlos formalmente y aportar evidencias.
De no hacerlo, su silencio posterior lo colocaría en el terreno de la omisión y, por tanto, de la responsabilidad legal.
La pregunta es inevitable: si lanzó la acusación, ¿es porque le consta directamente o porque actuó como mensajero político? En los pasillos del poder municipal ya se interpreta su dicho como un recado dirigido al presidente municipal, supuestamente impulsado por su mecenas, usando el cabildo como escenario.
Mientras no aclare ni sustente sus señalamientos, la acusación de Quevedo no sólo mancha a la administración, sino que también exhibe la pobreza del debate político y la utilización del discurso anticorrupción como arma de presión, no como un compromiso real con la legalidad.
