Cumple más de dos semanas la toma del palacio municipal de Santiago del Río; pobladores mantienen exigencia de auditoría

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A 14 días de haber iniciado la toma del palacio municipal, habitantes de la cabecera municipal de Santiago del Río, en el distrito de Silacayoapan, mantienen la ocupación del edificio público como protesta contra lo que califican como una imposición política y el presunto desfalco de recursos durante la administración de Lourdes González López, expresidenta municipal.

La protesta comenzó el 28 de diciembre, luego de que González López intentara reelegirse o, en su defecto, dejar un cabildo a modo, incluyendo la posible imposición de su hermana, en un contexto marcado —según los inconformes— por la opacidad en el manejo de los recursos públicos y la simulación de obras.

Pobladores de la cabecera rechazaron la reelección durante la asamblea comunitaria, misma que fue cancelada ante la falta de acuerdos. No obstante, acusan que la exedil, en un acto que califican de soberbia y desesperación por encubrir un presunto desfalco millonario, buscó el respaldo de la agencia de San Francisco Higos para continuar con un proceso electivo paralelo, mientras la cabecera decidió realizar su propia elección.

Pese a la división comunitaria y a las denuncias públicas, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) validó la elección favorable a la exfuncionaria, decisión que detonó el prolongado cierre del palacio municipal.

Los manifestantes denuncian la existencia de obras fantasmas, proyectos inconclusos y un manejo irregular de los recursos, por lo que exigen una auditoría integral y la devolución del dinero que, aseguran, fue sustraído al erario municipal.

Asimismo, señalaron que en al menos tres ocasiones solicitaron auditorías a la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado (ASFE), las cuales fueron negadas, situación que consideran un acto de complicidad institucional.

Ante la falta de respuesta, los habitantes acordaron trasladar un contingente la próxima semana al Palacio de Gobierno del estado y a las oficinas de la ASFE, para exigir la intervención del gobernador Salomón Jara Cruz y el esclarecimiento del uso de los recursos públicos.

Mientras tanto, la toma del palacio municipal cumple ya más de dos semanas, sin que hasta el momento exista una salida institucional al conflicto, que refleja la profunda inconformidad social y la exigencia comunitaria de transparencia y rendición de cuentas.