Dejó el escritorio y la comodidad de la oficina para ensuciar sus zapatos”. Con esa premisa, la Defensora de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (@DDHPO), Elizabeth Lara Rodríguez, encabezó la Quinta Audiencia Penitenciaria 2025 en el Centro Penitenciario de Miahuatlán de Porfirio Díaz.
El ejercicio, que busca documentar violaciones a los derechos humanos y ofrecer asesoría jurídica a internos, refleja una intención plausible: llevar la institución a donde los problemas son más crudos.
Sin embargo, la DDHPO enfrenta un dilema recurrente: sus visitas contrastan con la falta de resultados tangibles frente a un sistema penitenciario marcado por la sobrepoblación, el rezago judicial y condiciones indignas que se repiten año con año.
Aunque la Defensoría presume la continuidad de estas audiencias en diversos reclusorios de Oaxaca, especialistas advierten que los recorridos no han logrado más que acumular diagnósticos y recomendaciones sin consecuencias prácticas.
La presencia de la titular en un penal, más que un acto de supervisión, se interpreta como un gesto político para mostrar cercanía con los sectores más vulnerables, en un contexto en el que la deuda del Estado con las personas privadas de la libertad sigue siendo enorme.
