El Congreso de Oaxaca se convirtió este martes en el escenario de una exigencia inédita: la diputada de Morena, Concepción Rueda Gómez (@ConyRuedaG), solicitó la revocación de mandato del presidente municipal de Salina Cruz, Daniel Méndez Sosa, al responsabilizarlo por la muerte de dos mujeres que se encontraban bajo resguardo en los separos de la Policía Municipal.
La legisladora acusó al edil de omisión y negligencia, al subrayar que las víctimas estaban bajo custodia de la autoridad local, cuya obligación es garantizar la vida y la seguridad de las personas detenidas.
“Un servidor público que no cumple con su deber de proteger no puede ni debe seguir al frente de un gobierno”, lanzó Rueda Gómez desde tribuna.
La diputada también condenó lo que calificó como un proceso de revictimización: la filtración de videos a medios de comunicación y los discursos oficiales que intentan justificar los hechos, en lugar de esclarecerlos.
La propuesta de destitución fue respaldada por la mayoría de legisladores y legisladoras locales, con excepción del grupo parlamentario del Partido del Trabajo (@PTOaxOficial).
Para Rueda Gómez, la exigencia no obedece a intereses partidistas sino a la urgencia de combatir la impunidad y enviar un mensaje claro: “La vida de las mujeres se respeta y quien no cumpla con su deber no tendrá cabida en el servicio público”.
El caso ha abierto un nuevo frente en el debate sobre la crisis de seguridad en Oaxaca y, en particular, sobre la responsabilidad de los gobiernos municipales en la protección de derechos humanos.
Salina Cruz, uno de los municipios estratégicos del Istmo de Tehuantepec por su actividad portuaria y energética, se encuentra ahora bajo un fuerte escrutinio político y social.
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