* Piden la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein ) y del gobernador Salomón Jara Cruz (@salomonj), para detener la invasión
Ante el incremento de la violencia, la pasividad institucional y la creciente presencia de grupos invasores que operan con impunidad en la región, comunidades de la franja costera de San Pedro Pochutla han alzado la voz con una advertencia clara: “Si la autoridad no actúa, el pueblo se defenderá”.
La denuncia anónima proviene de vecinos, comuneros y residentes de las comunidades de #Salchi, #Cuatunalco y #Tahueca, quienes expresaron su hartazgo frente a una ola de robos, invasiones y amenazas que —según acusan— se ha intensificado desde el pasado 10 de junio, sin que las corporaciones de seguridad hayan intervenido de forma efectiva.
En medio del temor de represalias violentas, las y los pobladores señalan la llegada, en autobuses, de un grupo de personas dedicadas a invadir propiedades a la comunidad de Salchi, donde tomaron por la fuerza un hotel frente al mar que ahora, dicen, funciona como “refugio para la comisión de diversos delitos”.
Desde ese momento, relatan, se han multiplicado los robos a casas habitación, la destrucción de cámaras de seguridad, los actos de intimidación contra vecinos y turistas, y el hostigamiento diario en las calles. “Nos tienen vigilados. Ya no hay paz ni seguridad en nuestras propias casas”, denunció una vecina, quien pidió anonimato por temor a represalias.
Los habitantes han difundido mantas y mensajes en redes sociales con una frase que resume su desesperación: “Delincuentes, si te agarramos… ¡te linchamos!”
Impunidad y omisión
Los testimonios recogidos por las propias comunidades apuntan a una presunta complicidad de elementos policiacos con los agresores, así como a la omisión de las instancias responsables de garantizar la seguridad pública. “A pesar de las denuncias y videos que hemos entregado, no hay respuesta. Al contrario: parece que los protegen”, acusan.
Datos aportados por los vecinos señalan que los robos representan el 60% de los delitos del fuero común en la región. No obstante, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca y la Secretaría de Seguridad Pública han sido incapaces de contener el fenómeno delictivo.
Frente a este escenario, los pobladores responsabilizan directamente a las autoridades de los tres niveles de gobierno, a quienes exigen una intervención inmediata, efectiva y coordinada. En particular, piden respuestas concretas a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo; al secretario federal de Seguridad, Omar García Harfuch; al gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz; al presidente municipal de San Pedro Pochutla, y al comisariado de bienes comunales de las comunidades afectadas.
“Si el gobierno no actúa con eficacia y firmeza, el pueblo está dispuesto a defenderse como sea necesario. No nos quedaremos de brazos cruzados mientras nos arrebatan lo que con esfuerzo hemos construido”, concluyen.
Autodefensa como última opción
Las comunidades aseguran que ya han documentado los hechos, presentado denuncias formales y enviado alertas a la Secretaría General de Gobierno del estado. Paralelamente, han comenzado a difundir imágenes y videos en redes sociales para advertir a otras localidades y evidenciar la gravedad de la situación.
Como último recurso, advierten, están dispuestos a organizarse en formas de autodefensa comunitaria. Lo que ocurra en adelante, recalcan, será responsabilidad de las autoridades que han decidido mirar hacia otro lado.
“No estamos pidiendo favores. Exigimos justicia, exigimos seguridad. Y si no hay respuesta, haremos lo que tengamos que hacer para proteger lo nuestro”, sentencia uno de los voceros comunitarios.
Lo que está en juego, reiteran, no es solo la seguridad patrimonial de cientos de familias, sino el derecho básico a vivir sin miedo.
