Carlos Elizondo/Reforma
Uno de los mayores privilegios en México es tener un seguro médico o los recursos personales suficientes para poder atender un problema de salud mayor en una buena institución de medicina privada. Hay algunos muy buenos hospitales públicos, pero en general tienen problemas presupuestales y de suministro serios, deficiencias de todo tipo, y el tiempo para ser atendido suele ser considerable.
Si bien más del 70% de los mexicanos tiene acceso a alguna institución de salud pública, muchos no recurren a ellas. En el 2020, acudieron a al menos una consulta privada el 57% de los asegurados del ISSSTE y el 45% de los del IMSS. En el 2021, para quien tuvo una necesidad de salud, solo el 40% utilizó servicios públicos. Los consultorios médicos privados y el IMSS atienden, cada uno, al 25% de la población; los consultorios adyacentes a farmacias el 18 (https://bit.ly/3QG6zWB).
La expansión de estos consultorios son una muestra del fracaso de la política pública de salud. El de por sí bajo gasto público en salud en México casi no subió a pesar de la pandemia. Llegó a 642 mil millones de pesos en el 2021. Se asigna mal: escasez de medicamentos, por un lado, desecho de medicamentos caducos, por el otro. Como proporción del PIB, en 2020, el gasto fue del 2.4%, frente al 7.1% de Colombia y 3.9% de Brasil. En México, el gasto de bolsillo, es decir, el que paga el individuo directamente de sus recursos, pasó de 2.27% del PIB en 2018 al 2.42 en 2020. La salud en México se está privatizando.
La expansión del sufragio en Europa llevó a sistemas de salud pública donde el acceso depende de la necesidad del paciente. Hay muchos modelos de servicio: puede ser centralizado y fundamentalmente estatal, como en Reino Unido, o descentralizado y con fuerte participación de médicos e instituciones privadas, como en Francia. Lo relevante es quién paga el servicio, en este caso el erario. No quién lo provee.
Acá, se centralizó el sistema de salud pública con la creación del Insabi prometiendo ofrecer para el 1 de diciembre de 2020, un sistema de salud como el de Dinamarca. Se hizo muy poco para lograrlo. Ante el fracaso, lo están desmantelando.
Gobernar es optar. La energía de AMLO, que es mucha, se fue a otros lados. Medido en dinero, el mayor interés ha sido el de las pensiones universales no contributivas. Éstas costarán en 2022, 238 mil millones de pesos frente a los 46 mil 178 millones en el 2017. El costo no dejará de crecer, tanto por razones demográficas, como por la promesa de AMLO de aumentar su monto en los siguientes dos años. El segundo, las tres grandes obras, Dos Bocas, el Tren Maya y el aeropuerto de Santa Lucía. Su costo será de por lo menos 708 mil millones de pesos. Si una parte importante de esos recursos y de esa energía presidencial se hubiera asignado a mejorar el sistema de salud, hubieran transformado de verdad al país.
A pesar de las carencias de medicinas y la larga espera en la atención, la política de salud no está tan mal evaluada por la población. Acostumbrados a un mal sistema de salud pública, los mexicanos parecen estar satisfechos con el mero hecho de haber sido vacunados contra el Covid, aunque ni en eso nos fue particularmente bien. Nuestra cobertura está por debajo de la media en América Latina.
Los políticos de ahora, como los del pasado, utilizan para ellos y su familia los servicios privados de salud. Acá nada ha cambiado. Ningún líder político ha hecho de la demanda de un piso parejo en materia de acceso a la salud su principal bandera. Sin presión política nunca tendremos un buen sistema de salud pública. Mientras, el grueso de la población estará abandonado a su suerte, resolviendo crecientemente por la vía privada un asunto que debería ser responsabilidad del Estado, y corriendo grandes riesgos de salud, los cuales llevan en muchos casos a muertes evitables de tener un buen sistema de salud pública.
