FGR va contra 3 universidades por Estafa Maestra; exrector de Morelos sigue prófugo

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Animal Político

 Las carpetas de investigación se iniciaron a partir de 10 denuncias que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó directamente en contra de dichos planteles el pasado 23 de julio. Los recursos desviados fueron asignados con convenios, sin licitaciones, por varias dependencias federales entre ellas Petróleos Mexicanos.

Los planteles denunciados penalmente son la Universidad Intercultural del Estado de México (UIEM); la Universidad Politécnica de Sinaloa; y la Universidad Tecnológica del Usumacinta (UTU) en Tabasco.

Tras recibir el dinero y sin cumplir con ninguno de los servicios pactados estas universidades –con la presunta complicidad de sus rectores y funcionarios– enviaron premeditadamente los recursos a otras empresas “subcontratadas” para que lo llevaran a cabo. Pero muchas de esas compañías resultaron ser empresas irregulares o hasta fantasma.

De prosperar estos casos podrían materializarse en las primeras acusaciones por delitos de corrupción en contra de autoridades universitarias por el mecanismo fraudulento de La Estafa Maestra. Con anterioridad la FGR ya procedió en contra del exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos –quien sigue prófugo– pero por el delito de lavado de dinero.

Autoridades de la FGR indicaron a Animal Político que las denuncias presentadas por los auditores incluyen dictámenes técnicos en donde claramente se identifica a funcionarios de dichas universidades que habrían incurrido en los malos manejos de los recursos. Se presume que se trató de un esquema pactado y no de hechos aislados.

Los desvíos denunciados en universidades

Entre los centros educativos que se encuentran bajo investigación de la FGR el que acumula la mayor cantidad de irregularidades es la Universidad Intercultural del Estado de México (UIEM), plantel que funciona como un organismo público descentralizado del gobierno mexiquense. En los años en que ocurrieron los hechos irregulares dicho gobierno era encabezado por Eruviel Ávila.

La FGR tiene ocho denuncias presentadas por los auditores en contra de la UIEM por un presunto fraude al erario que asciende a los 229 millones de pesos. Esto como resultado de los malos manejos registrados en los años 2014 a 2016.

Como es el común denominador en este mecanismo de fraude, la universidad señalada recibió los recursos a través de la firma de convenios directos y sin licitación con varias dependencias federales, entre ellas el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (Fonart), la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), el DIF y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas.

A cambio de ello, el plantel se comprometía a realizar los servicios bajo el argumento de que contaba con los recursos humanos y materiales para ello. Lo que los auditores encontraron es que esto no ocurrió así pues, de manera absolutamente ilegal, la UIEM subcontrató para realizar la mayoría del trabajo a 23 empresas, otra universidad y 68 personas físicas.

Lo peor es que, en muchos casos, no hay pruebas que documenten que los servicios irregularmente subcontratados se llevaron a cabo. Aunque hay supuestos “entregables”, se presume que estos fueron fabricados.

“En la revisión de la documentación derivada de las contrataciones y subcontrataciones se observó que presentan irregularidades como cuadernillos duplicados o localizados en internet, bases de datos incompletas, entre otras, mencionadas en el informe, por lo que ni la UIEM, ni los subcontratistas acreditaron la prestación de los servicios contratados por 229 millones de pesos”, indica el dictamen que dio pie a la denuncia.

Como parte de la investigación los auditores buscaron a 11 de las empresas subcontratadas y notaron que los domicilios eran inexistentes o correspondían a casas particulares. Es decir, se trata de compañías presumiblemente fantasma.

Por otra parte, la ASF también presentó una denuncia en contra de la Universidad Tecnológica del Usumacinta (UTU) localizada en Tabasco, por presuntos hechos de corrupción que dieron paso a un quebrante cercano a los 54 millones de pesos

Los malos manejos reportados en este plantel estatal son resultado de los convenios específicos que firmó en 2018 con Petróleos Mexicanos (Pemex) y, en específico, con su filial de Exploración y Producción. Esto durante la época en que el gobierno de Tabasco –quien controla la universidad– estaba a cargo de Arturo Núñez.

Al igual que en el caso de la UIEM, la UTU no contaba con la capacidad técnica y humana para cumplir con los servicios que contrató con Pemex, de ahí que tuviera que recurrir a terceros (empresas y personas físicas) para cumplir con los convenios que se le entregaron sin ningún tipo de licitación.

Hubo un caso específico donde dicha universidad subcontrató a tres empresas que no realizaron trabajo alguno como se pudo verificar al visitar a las. Los documentos para justificar dicho servicio fueron en realidad realizados por otros asesores.

En cuanto a la Universidad Politécnica de Sinaloa, la ASF la denunció por presuntas acciones de corrupción que derivaron en un fraude al erario cercano a los 36 millones de pesos. Al igual que en los otros casos se trata de un plantel público a cargo del gobierno del estado.

Las anomalías detectadas por los auditores se identificaron en los convenios que dicho plantel realizó con diversas dependencias de las que recibió recursos sin licitar, y entre las que se encuentran al SEO, Conapesca, Conacyt, Nacional Financiera y el Instituto Nacional del Emprendedor (este último implicado también en posibles desvíos con recursos del Fondo Nacional del Emprendedor).

El hecho más grave en cuanto a recursos implicados fue resultado del convenio firmado con Conapesca por 31 millones de pesos, y donde la Universidad no realizó ningún trabajo pues carecía del personal y equipos para ello. ¿Qué pasó con el dinero? Una parte, 21 millones, lo mandó a siete compañías que tampoco comprobaron que se realizaron los trabajos.

Otra fracción de los recursos (poco más de cuatro millones) los usó la universidad para pagar parte de su nómina, situación que evidentemente no estaba permitida. Y el resto del dinero, poco más de seis millones, ni siquiera se supo en que se ejercieron pues el plantel no lo comprobó, pero tampoco los regresó.

En todos los casos anteriores las denuncias identifican responsabilidades tanto de las áreas jurídicas y administrativas de los planteles implicados, así como de las personas que ocupaban la rectoría.

El rector prófugo

En noviembre del año pasado la FGR obtuvo 11 órdenes de aprehensión en contra de exfuncionarios federales, un exrector y supuestos accionistas de una empresa fantasma, por su presunta responsabilidad en los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, todos ellos relacionados con el esquema de “La Estafa Maestra”.

El exrector implicado es Jesús Alejando Vera Jiménez, quien estaba al frente de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEMOR) cuando participó en los presuntos desvíos de recursos federales. También se ordenó la captura de dos exfuncionarios más del mismo plantel. Todos ellos siguen prófugos.

De acuerdo con la carpeta de investigación FED/SEIDO/UEIORPIFAM CDMX/0001220/2019, la complicidad entre la UAEMOR y la entonces Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) permitió el desvío de más de 77 millones de pesos a través del mismo sistema: la firma de convenios sin licitaciones por servicios que no se llevan a cabo.

En este caso la administración que encabezaba Vera Jiménez incluso se prestó para simular una licitación pública en la que participaron dos empresas fantasma, las cuales compartían incluso el mismo domicilio fiscal. Una de esas compañías transfirió el dinero a otro grupo de empresas con la finalidad de irlo lavando y perder el rastro.

Un sistema… solo una detenida

En 2017, Animal Político y Mexicanos Contra al Corrupción y la Impunidad publicaron el reportaje denominado La Estafa Maestra que documentó, por primera vez, que una decena de dependencias federales habían desviado recursos a través de convenios con universidades.

Auditorías y denuncias posteriores ante la FGR confirmaron los hechos y se probó incluso el involucramiento de más intermediarios públicos y no solo universidades. Además, se detectó el involucramiento de un mayor número de dependencias. “No se trata de casos aislados sino de una auténtica delincuencia organizada”, dijo en 2019 el fiscal Alejandro Gertz Manero.

Sin embargo, hasta ahora la única exsecretaria de Estado procesada y encarcelada por este caso es Rosario Robles, quien ayer cumplió dos años en prisión preventiva. En una carta publicada en redes sociales la extitular de Sedesol y Sedatu insistió en su inocencia y cuestionó que solo se haya procedido en su contra.

Otros exfuncionarios que al igual que Robles encabezaron dependencias desde las cuales se firmaron convenios con el mismo esquema fraudulento son Emilio Lozoya en Pemex; Alfredo del Mazo en Banobras; Emilio Chuayfett en la SEP; Enrique Martinez y Martínez en SAGARPA; y José Reyes Baeza en FOVISSSTE.

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