Ley contra comida procesada de Oaxaca se queda en el limbo a 6 meses de aprobada

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Este viernes se cumplen seis meses de la histórica aprobación de la ley que prohíbe la venta de alimentos y bebidas ultraprocesadas a menores de edad en el estado de Oaxaca, pero ¿qué se ha hecho desde entonces

Diez organizaciones civiles, como la Red por los Derechos de la Infancia, Consorcio Oaxaca y El Poder del Consumidor, así como la diputada local Magaly López Domínguez, impulsora de esta ley, señalan que no hay ninguna acción contundente por parte del gobierno estatal para garantizar la salud y el sano de desarrollo de niñas, niños y adolescentes.

El 5 de agosto de 2020, el Congreso de Oaxaca aprobó reformar la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del estado para prohibir la distribución, venta, regalo y suministro de bebidas azucaradas y alimentos chatarra a menores de edad.

Con esto, Oaxaca se convirtió en la primera entidad en prohibir la venta de alimentos ultraprocesados a menores de edad, dejando a los padres de familia la responsabilidad de lo que consuman sus hijos.


El Congreso de Oaxaca prohíbe la venta de comida chatarra a menores
Esta prohibición fue aplaudida desde la sociedad civil. Incluso, la legislación motivó a otros gobiernos y congresos estatales, como Tabasco y la Ciudad de México, a discutir propuestas similares.

La llamada “ley antichatarra” de Oaxaca, que entró en vigor el 4 de septiembre de 2020, se avaló en el contexto de la emergencia sanitaria por COVID-19, enfermedad que ha afectado principalmente a personas con padecimientos como obesidad y diabetes, entre otros.

Sin embargo, ante la ausencia de políticas públicas por parte del gobierno de Oaxaca para dar cumplimiento a la ley, desde la sociedad civil se impulsó la estrategia “Por el derecho a una alimentación sana y nutritiva”, que recién entró a su segunda fase de acción.

En conferencia de prensa, mujeres que forman parte de esta iniciativa urgieron al gobierno de Oaxaca iniciar sus propias acciones, al Congreso del estado que se ponga un presupuesto específico para este fin y a la Secretaría de Salud local a que se plantee cómo se piensa la estrategia a largo plazo.