Uriel Pérez García
Mucho se centra la atención respecto a los procesos electorales, federal y local, enmarcados en un sistema con una hegemonía ejercida a través de partidos políticos, sin embargo, no debemos soslayar la importancia que revisten los procesos de elección de autoridades por el sistema comúnmente denominado de “usos y costumbres”, plenamente reconocido por la Constitución y que en Oaxaca conocemos como Sistemas Normativos Indígenas.
Con la reforma política de 1995, en nuestra entidad se dio el reconocimiento a las comunidades para que en el ejercicio de su libre determinación decidieran respecto de la elección de sus autoridades con base en su propias normas y prácticas que a partir de ese momento fueron reconocidas por la Constitución local y reguladas por el entonces Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales.
De este modo, en nuestro estado se sentó un precedente importante para el posterior reconocimiento a nivel federal, primero en 1992 y posteriormente con la reforma constitucional de 2001 que hoy mantiene plena garantía de la libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas protegido por el artículo 2º de la Constitución General.
En este sentido, tenemos que de manera paulatina, en diferentes comunidades indígenas del país han adquirido mayor relevancia, los procesos electivos regidos bajo sus propias costumbres y prácticas tradicionales que se erigen en normas que regulan el conjunto de actos que realizan ciudadanas, ciudadanos y autoridades reconocidas en la comunidad, para la renovación y prestación de cargos y servicios a nivel municipal.
De tal forma se edifica un sistema electoral que para el caso concreto de Oaxaca representa más de dos terceras partes de la totalidad de municipios de la entidad, siendo 417 ayuntamientos que de acuerdo a su propia normatividad interna renuevan cargos de elección popular cada tres, dos, un año o año y medio, bajo una organización que también implica diversas etapas como en todo proceso electoral.
Así, existen actos previos donde se define a través de la aprobación de estatutos comunitarios el método electivo; aunado a los actos preparatorios para determinar lugar y fecha de la elección, además de la integración del órgano que se encargará de la conducción de la asamblea electiva o la forma de elección que defina la comunidad.
Una de las mayores complejidades que enfrenta dicho sistema electoral es el nivel de conflictividad que ha escalado al grado de confrontaciones con lamentables pérdidas humanas. Lo anterior como producto de una doble dinámica de pugnas: por un lado los distintos y añejos conflictos agrarios, la disputa por los recursos económicos entre cabeceras y agencias municipales, así como el reconocimiento del derecho a votar y ser votados a sectores sociales que no cumplen con los requisitos que las tradiciones de la comunidad sanciona, primordialmente en lo relativo a la probidad de desempeño en el Sistema de Cargos.
Por otra parte, la intromisión de actores políticos, así como diversos grupos de poder fáctico dentro de las distintas regiones, representan una tensión que irrumpe con la estabilidad política comunitaria que desemboca en conflictos político electorales, por lo que el reto principal está en generar las condiciones de estabilidad social y política que permitan privilegiar la conciliación a través del diálogo y el consenso, evitando a toda costa la inestabilidad y conflictividad poselectoral.
A lo largo de los últimos años, estos sistemas se han ido abriendo hacia una participación más inclusiva y en condiciones de igualdad, lo que indudablemente ha representado un gran esfuerzo para la normatividad interna de las comunidades, no obstante la voluntad ha existido, sobre todo a contra corriente de quienes buscan transgredir el orden comunitario a cambio de intereses propios.
En este contexto, es necesario apostar al fortalecimiento y reconocimiento del sistema electoral basado en sistemas normativos indígenas, no solo en Oaxaca, sino en diversas latitudes del país, ya que sin duda ante la constantemente señalada crisis de representación de los partidos políticos, es necesario privilegiar la armonía social basada en una democracia participativa con un ejercicio más directo apoyado en la vigilancia continua y la honorabilidad en el desempeño del cargo, ya que esto también es construir democracia, aunque no necesariamente desde la óptica impuesta por un modelo político y económico que solo ha acentuado desigualdades.
