Señala CNDH violaciones graves en operativos en Temixco en 2017

0
147

Ciudad de México. Agentes de la policía estatal de Morelos incurrieron en graves violaciones a los derechos humanos contra una familia, incluida la ejecución arbitraria de seis personas, dos de ellos menores de edad, durante diversos operativos realizados el 30 de noviembre de 2017 en Temixco, documentó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Por esos hechos, el organismo nacional emitió la Recomendación 21VG/2019 por violaciones graves a derechos humanos ocurridas durante y como consecuencia de esos hechos, que derivaron en un enfrentamiento armado entre civiles y personal de la Comisión Estatal de Seguridad. Dicha Recomendación se dirigió al gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, y al Fiscal General de Justicia local, Uriel Carmona Gándara.

Tras su investigación, la CNDH acreditó que personal de la Comisión Estatal de Seguridad incurrió en allanamientos a las casas habitación en que estaban las víctimas; detenciones arbitrarias en agravio de siete personas, incluido un adolescente; uso excesivo de la fuerza que derivó en la ejecución arbitraria de seis personas, incluidos dos menores de edad; trato cruel, inhumano y/o degradante derivado de las lesiones a cuatro personas, dos de ellas infantes; dilación en la puesta a disposición de los detenidos ante el Agente del Ministerio Público del fuero común en Cuernavaca, y colocación deliberada del arma de fuego y los indicios balísticos que se relacionaron con el cadáver de una víctima.

El organismo nacional indicó que al gobierno del estado se le atribuye la implementación inadecuada de políticas públicas para abatir los altos índices delictivos imperantes en la entidad; en tanto que a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos, dilación irregular de las carpetas de investigación radicadas por las conductas delictivas cometidas en agravio de las víctimas, y a la Dirección General de Asuntos Internos de la Comisión Estatal de Seguridad, las irregularidades observadas en la resolución de la carpeta administrativa instruida contra los elementos policiales que participaron en los hechos del 30 de noviembre de 2017 en Temixco.

La CNDH enfatizó que la Fiscalía General estatal, en el ámbito de su competencia, deberá continuar con la investigación respecto de la manipulación de los cadáveres de tres víctimas.

Recomendó al gobernador de Morelos que, en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), brinde a los familiares de las víctimas de ejecución arbitraria y a las personas que resultaron lesionadas la reparación integral del daño, en término de ley; reparación integral a los propietarios de los inmuebles que resultaron dañados por esos hechos, y que los familiares de las víctimas privadas de la vida sean inscritos en el Registro Nacional de Víctimas para que accedan, en lo conducente, al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, de conformidad con la Ley General de Víctimas y la homóloga del estado de Morelos.

También se le pide colaborar en las investigaciones ministeriales y procedimientos administrativos que, respectivamente, se inicien ante la Fiscalía General y la Unidad de Asuntos Internos de la Comisión Estatal de Seguridad para determinar la identidad de los agentes que intervinieron en las violaciones a los derechos humanos de los agraviados, así como de quienes en la cadena de mando que, en su caso, ordenaron, autorizaron o toleraron los hechos referidos, y contra el médico de esa dependencia por las imprecisiones en los dictámenes que emitió respecto de las lesiones que sufrieron dos adolescentes, y contra el personal de la Unidad de Rescate Urbano, Atención a Siniestros y Urgencias Médicas que omitió certificar las lesiones infligidas a cuatro personas menores de edad.

De igual manera, deberá colaborar en las investigaciones ministeriales y procedimientos administrativos que, respectivamente, se inicien ante la Fiscalía General y la Unidad de Asuntos Internos de la Comisión Estatal de Seguridad contra el personal involucrado en la dilación en la puesta disposición de los detenidos ante la autoridad ministerial y los elementos de esa corporación policial que de manera deliberada colocaron el arma de fuego y los indicios balísticos que se relacionaron con el cadáver de una víctima.

El gobernador Blanco Bravo también debe implementar acciones mediante políticas públicas para solucionar y combatir los índices de violencia y criminalidad imperantes en Morelos; fortalecer, con las autoridades municipales de la entidad, mecanismos de participación ciudadana para escuchar a la población y atender problemas relacionados con desempleo, pobreza, desigualdad social, prevención del delito, violaciones a derechos humanos y acceso a la justica, acorde con los Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas.

Al Fiscal General se le recomendó continuar con la integración de las investigaciones de los homicidios de seis personas, incluidos dos infantes, para que se identifique, localice, detenga, procese y sancione a los responsables y las víctimas accedan a la justicia, y también deberá colaborar con la CNDH en la queja que presente ante la Visitaduría General de esa Fiscalía General, por las omisiones en la integración de las carpetas de investigación del caso, y contra el perito médico forense, por imprecisiones en las necropsias a las seis personas privadas de la vida.

La Jornada