Proceso.
Ciudad de México. El ómbudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, demandó al Estado mexicano redefinir políticas y terminar con la estigmación hacia personas con padecimietos mentales, y en particular atender las recomendaciones del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exhortó que los servicios de salud mental se proporcionen, en la medida de lo posible, con base en el consentimiento libre e informado de la persona concernida, garantizar que los tratamientos farmacológicos sean considerados parte del sistema de apoyos, que estén disponibles a bajo costo o sean gratuitos.
Asimismo, que puedan tener mayor acceso a la justicia personas de comunidades indígenas, mujeres y niñas víctimas de violencia y abuso, así como quienes viven con alguna discapacidad.
González Pérez expuso que cerca de 29% de la población mexicana entre 18 y 65 años ha padecido algún problema de salud mental -estimación que puede ser mayor por el desconocimiento del tema-, y que el presupuesto asignado a esta cuestión se acerca al 2% del gasto total en salud y hay un especialista por cada 29 mil habitantes.
González Pérez participó en la inauguración del Seminario “El Derecho y la Salud Mental”, organizado por el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la licenciatura de Ciencia Forense de la Universidad Nacional Autónoma de México a través de la Red Temática de Ciencias Forenses.
En su oportunidad, María Elena Medina-Mora Icaza, directora del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, destacó que durante las sesiones que se desarrollarán del 16 de mayo al 7 de noviembre del presente año, se abordarán, entre otros temas, las necesidades que enfrenta ese sector de la población, la puesta en marcha de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, la integración de un nuevo expediente clínico psiquiátrico y el marco jurídico de la salud mental en materias civil, familiar y penal.
Señaló que las reflexiones y conclusiones de dicho encuentro, en el que participan especialistas, organizaciones de la sociedad civil y servidores públicos, permitirán avanzar en los esfuerzos para garantizar los derechos de las personas con discapacidad psicosocial y los de sus familias.
En este acto, en el auditorio del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, el ómbudsperson nacional también estuvo acompañado en el presídium por David Kershenobich Estalnikowitz, director del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”; Eduardo Ángel Madrigal de León, director General de Servicios de Atención Psiquiátrica de la Secretaría de Salud; Edén González Roldán, en representación de Manuel H. Ruiz de Chávez, comisionado Nacional de Bioética, y Zoraida García Castillo, coordinadora de la Licenciatura en Ciencia Forense de la Facultad de Medicina de la UNAM.
