Por Rodrigo Islas Brito
“El Ejército Mexicano ha matado a alrededor de 3000 personas entre 2007 y 2012. En ese periodo han muerto 158 soldados. En México, donde menos del dos por ciento de los homicidios terminan en condena, las fuerzas armadas matan a sus enemigos porque no se puede confiar en el sistema judicial”.
Este es solo algunos de los enunciados del reportaje publicado el pasado 26 de mayo, en el cual el influyente e histórico diario estadounidense The New York Times hizo referencia a la creciente preocupación que persiste tanto en México como en el extranjero, sobre la “letalidad desproporcionada” practicada a últimas fechas por el Ejercito Mexicano.
El reportaje firmado Azan Ahmed y Eric Schmitt se remiten primeramente a una masacre suscitada en el aparentemente lejano 2001, en Yurécuaro, Michoacán, donde soldados mexicanos mataron a cuatro hombres que supuestamente eran miembros de un cartel del narcotráfico, y en la cual según la prensa local un transeúnte inocente también fue asesinado.
“En la historia de la guerra moderna es mucho más probable que un combatiente hiera a un enemigo, en vez de matarlo. Pero en México es al revés”.
Reflexiona el New York Times, cuyo accionista mayoritario es ya desde el año pasado, el trillonario mexicano Carlos Slim, publicó que “según las cifras del gobierno, las fuerzas armadas mexicanas matan con una eficiencia abrumadora, apilando cuerpos a una gran velocidad”.
Contraponiéndose al discurso oficial del gobierno mexicano que dicta que sus soldados están mucho mejor entrenados que los grupos delincuenciales, el Times dice que lo que para el Ejercito es efectividad en realidad se llaman “ejecuciones sumarias”.
Cita a Paul Chevigny, profesor jubilado de la Universidad de Nueva York y pionero del estudio de la letalidad en diferentes fuerzas armadas, el estudioso establece que contrario a la normalidad de las confrontaciones armadas en el mundo, donde los heridos son más que los muertos, en México su Ejército mata a ocho enemigos por cada uno que hiere, y que su fuerza de élite, la Marina mexicana, mata a 30 combatientes por cada uno que hiere.
El escrito refiere que estas cifras se desprenden también del documento “Índice de letalidad 2008-2014: Disminuyen los enfrentamientos, misma letalidad aumenta la opacidad” publicado en junio de 2015 por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de México (UNAM).
“Durante la última década, a medida que los marinos y soldados mexicanos han sido enviados a la línea de combate, las violaciones a los derechos humanos se han disparado”.
“Aun así, las fuerzas armadas continúan siendo intocables, protegidas por un gobierno reacio a imponerse sobre la única institución a la que puede enviar al combate. Se han tomado muy pocos pasos para investigar las miles de acusaciones de tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales que se han registrado desde que el entonces presidente Felipe Calderón declarara la guerra contra las drogas hace una década”.
Asegura el Times, exponiendo que de las 4000 denuncias por tortura revisadas por la Procuraduría General de la República (PGR) desde 2006, solo 15 han terminado con una condena.
Citan al hoy nada grato para el gobierno de Enrique Peña Nieto, Juan E. Méndez, relator especial sobre la tortura de Naciones Unidas, quien dijo que “la tortura no solo es generalizada, sino que está rodeada por la impunidad”.
“Si el gobierno sabe que es frecuente y no se presentan cargos o aquellos que llegan a juicio no van a ningún sitio, la culpa es del Estado”.
El diario neoyorkino afirma que en consonancia con su renuencia férrea a dar cualquier tipo de declaración a otra persona y empresa que no sean Joaquín López Doriga y Televisa, las fuerzas armadas mexicanas no respondieron a las solicitudes de entrevista del diario
“El general Salvador Cienfuegos, secretario de Defensa, ha exculpado a la institución al decir que es la única que se enfrenta al crimen organizado y que, además, está ganando la batalla”.
“Estamos en las calles porque la sociedad nos los pide”, dijo Cienfuegos al diario Milenio este mes.
El diario se remite entonces al caso Tlatlaya, , donde el ejército mató a 22 personas durante una confrontación en junio de 2014, y la Comisión mexicana de Derechos Humanos determinó que por lo menos 15 de ellos habían sido ejecutados, además de que los soldados habían alterado la escena para dar la impresión que hubo un enfrentamiento
Afirma que el gobierno mexicano ha recibido oleadas de presión por este tema, rememorando que apenas en marzo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el comportamiento de México en materia de derechos humanos, incluyendo las ejecuciones extrajudiciales; sumandose así al informe previo de Naciones Unidas que decía que la tortura se practica de manera generalizada en el país y en el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Recordando que hace semanas, se hizo pública una grabación —que se volvió viral— en la que un soldado golpea a una mujer mientras un agente de la policía le pone una bolsa en la cabeza para asfixiarla. Dando por resultado una petición de disculpas públicas por parte de las fuerzas armadas, algo nunca antes visto en un país donde el Ejercito solo acepta que le den las gracias.
Recuerda además que hay sospechas de que el Ejército está involucrado en la desaparición hace dos años en Iguala, Guerrero, situación sobre la que Cienfuegos se ha negado a que algún soldado pueda prestar declaración.
“El gobierno dice que se toma en serio los derechos humanos y aprueba leyes para contrarrestar los abusos, proteger a las víctimas y permitir que se juzgue a los soldados en tribunales civiles. Afirma que hay una política de derechos humanos nueva en el Ejército y señala que durante la administración del presidente actual, las quejas contra el Ejército han disminuido de manera importante”.
El reportaje refiere que la posición del gobierno federal ha sido la de llamar “casos aislados” a los reportes sobre violación a los derechos humanos del Ejercito mexicano. Subrayando que a diferencia de la mayoría de países de América Latina, en México nunca ha habido un golpe de Estado. Y que aunque el gobierno a menudo no ha sido generoso con el presupuesto dedicado a la defensa, siempre ha protegido al Ejército del escrutinio externo.
“Desde hace dos años, las fuerzas armadas dejaron de publicar las cifras de muertos. Sin esos datos, según los expertos, es muy difícil saber el nivel de violencia real que ha alcanzado la guerra contra el crimen organizado”.
En lo que respecta al papel de su país natal en el conflicto, el New York Times señala que la impunidad existe en México pese al incremento de los vínculos con el Ejército de Estados Unidos a través de ejercicios, entrenamiento y ventas de material que tienen como objetivo incrementar la profesionalidad y, por extensión, el respeto de las fuerzas armadas mexicanas a los derechos humanos.
Cita que hace dos años, Estados Unidos aceptó vender helicópteros Black Hawk a México en un acuerdo que podría valorarse en más de mil millones a lo largo de 25 años, que también acercará al Ejército mexicano a los estándares de Estados Unidos.
“No solo les vendimos los helicópteros”, dijo Todd M. Rosenblum, quien fuera un alto funcionario en políticas sobre México para el Pentágono. “Les vendimos 15 años de colaboración estrecha que no hubiéramos podido tener de otra manera”.
El diario afirma que para mayor preocupación del gobierno de México, algunos casos de abuso han logrado llegar a las instituciones internacionales.
“El 29 de diciembre de 2009, tres personas desaparecieron en el estado de Chihuahua y nunca se volvió a saber de ellas. Tras buscar un recurso legal a nivel estatal, federal y militar, los familiares llevaron el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2011”.
“Cinco años después, la comisión entregó su reporte confidencial, según dos personas que conocen el caso. Si la comisión halla responsable al Ejército de las desapariciones, como se espera, la resolución podría ser vinculante”.
“También existe otro caso ante la Corte Penal Internacional: un grupo sin fines de lucro en Baja California recolectó más de 90 ejemplos de lo que considera tortura realizada por el Ejército mexicano desde 2006 a 2013. La corte aún no ha respondido a la solicitud”.
“El expediente incluye el caso de Ramiro López, quien fue arrestado con otras tres personas y torturado por el Ejército en junio de 2009. Los hombres casi fueron asfixiados con bolsas de plástico y recibieron toques eléctricos en los genitales antes de ser presentados como secuestradores y de que fueran sentenciados por ello”.
“Pero en 2015, tras una investigación poco común de Naciones Unidas, se resolvió que los hombres no eran culpables. El gobierno los absolvió pero no buscó a los responsables de dicha confesión forzada”.
Finalmente el periódico estadounidense propiedad del mexicano más rico de la historia de México cita la declaración de Mayra, hermana de Ramiro.
“Ellos, (el Ejercito Mexicano) no deberían intentar justificar su trabajo con confesiones obtenidas bajo tortura. Pero tampoco parece que esto vaya a cambiar pronto”.
