Por Francisco Ramírez
Al presentar informe final, integrantes de la Comisión de la Verdad de Oaxaca (CVO), concluyen que el estado violó de manera masiva los derechos de los ciudadanos en el movimiento de 2006 y tratar de volver al orden la inconformidad generalizada.
El documento que entregarán a los distintos entes del gobierno estatal y federal, pone de manifiesto que el l Gobierno estatal recurrió a todos los medios legales e ilegales para contener la revuelta social que se inició a partir del 14 de Junio de 2006 con el desalojo del zócalo.
Reitera que los operativos fueron una respuesta del Estado frente al descontento ciudadano, pero estos, más que aminorar la inconformidad, hicieron que el conflicto escalara y se profundizaran sus consecuencias.
Con lo que el Estado violó de manera masiva y sistemática los derechos humanos, el principio de presunción de inocencia al debido proceso y garantías judiciales; detenciones arbitrarias, tratos crueles inhumanos y degradantes; así como también incurrió en desapariciones forzadas, tortura y ejecuciones extrajudiciales.
La tortura fue sistemática y generalizada, dado que el tiempo que duró el conflicto hubo una frecuencia casi diaria de detenciones acompañadas de esta práctica. Por lo anterior se puede presumir la existencia de crímenes de lesa humanidad.
A casi diez años de los hechos ocurridos en 2006 y 2007, la población oaxaqueña no ha tenido conocimiento de la cantidad de recursos públicos que se erogaron para publicitar al Gobierno de Oaxaca en medio de la crisis social.
Asimismo, se desconoce el monto destinado a los distintos medios de comunicación que lo recibieron bajo el concepto de publicidad oficial. Esta situación está directamente relacionada con temas de transparencia, acceso a la información y gasto público.
La CVO logró registrar que al menos 33 periodistas, comunicadores o miembros de los medios de comunicación fueron agredidos físicamente, algunos en más de una ocasión. Asimismo, fueron ejecutados al menos dos periodistas entre octubre y diciembre del año 2006, Bradley Roland Will y Raúl Marcial Pérez.
Durante sus trabajos, la CVO tomó, de manera formal y exhaustiva, el testimonio de 263 personas entre mayo de 2015 y febrero de 2016, de los cuales el 61% fueron individuales y 39% se recopilaron en sesiones colectivas. Del total, el 38.4% se trató de víctimas directas, el 60.83% fueron testimonios o informantes y el 0.7% presuntos perpetradores.
Con el fin de garantizar su derecho de audiencia, la CVO solicitó formal y públicamente la comparecencia de 68 funcionarios relacionados con el conflicto, incluyendo al exgobernador Ulises Ruiz Ortiz. Solamente atendieron este llamado el expresidente de la República, Vicente Fox Quesada, y el exsecretario de Salud estatal, Martín Vázquez Villanueva.
La CVO considera que, al igual que todas las ejecuciones extrajudiciales que se realizaron durante el conflicto, la del periodista Bradley Roland Will continúa en la impunidad; sin una línea de investigación que dé como resultado el acceso a la justicia, así como a la verdad, para dar nombre y castigo tanto a los autoridades materiales como intelectuales de la misma.
De acuerdo con la información recabada por esta CVO, tanto en documentación oficial como mediante la recolección de testimonios, existen elementos para señalar al entonces gobernador Ulises Ruiz Ortiz, el procurador Evencio Nicolás Martínez Ramírez, el secretario de Protección Ciudadana, Sergio Segrestre Ríos; el director de la Policía Ministerial estatal, Daniel Camarena Flores; y el coordinador de Seguridad, Vialidad y Tránsito Municipal, Aristeo López Martínez, en una serie de agravios cometidos contra Emeterio Marino Cruz, los cuales incluyen la tentativa de homicidio calificado, abuso de autoridad, tortura, trato cruel, inhumano y degradante, entre otros.
Según el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas, operado por la Secretaría de Gobernación, la de Defensa Nacional y Presidencia de la República, se tienen documentadas 216 personas desaparecidas de 2005 a julio de 2015, en 35 de los 570 municipios que componen el estado de Oaxaca.
Se establece de igual manera la responsabilidad del Senado de la República ya que atendió la solicitud de desaparición de poderes en el estado privilegiando los intereses políticos enmarcados en la sucesión presidencial de 2006, en lugar de procurar la estabilidad, seguridad y paz en el estado de Oaxaca, donde se cometieron una serie de violaciones graves a los derechos humanos, luego de su negativa.
De la misma forma recomienda a la Fiscalía General del Estado y a la Fiscalía de Investigación de Delitos de Trascendencia Social que, como resultado de la profusa información que brinda el presente informe, retomen las indagatorias en contra del exgobernador de Oaxaca, Ulises Ernesto Ruiz Ortiz; el exsecretario de Gobierno, Jorge Franco Vargas; la exprocuradora, Rosa Lizbeth Caña Cadeza; el exdirector de Seguridad Pública, José Manuel Vera Salinas; y el exdirector de la Policía Ministerial, Manuel Moreno Rivas; así como demás integrantes de su gabinete y funcionarios municipales, especialmente los encargados de procuración de justicia y seguridad pública.
Esto con el fin de que se finquen las responsabilidades penales por delitos y violaciones graves a los derechos humanos, en especial de las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura y tratos crueles inhumanos y degradantes que se detallan ampliamente en este informe.
Asimismo recomienda a la Procuraduría General de la República revisar las demandas penales dirigidas en contra de las administraciones federales, de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, por su responsabilidad en los hechos del conflicto social oaxaqueño.
Al Congreso del Estado y a la Secretaría de la Contraloría iniciar los procedimientos administrativos de inhabilitación de la función pública y separación del cargo a funcionarios señalados como responsables de violaciones a los derechos humanos. Todo esto con base en lo que establece la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos.
Al gobernador del estado de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo, recomienda realice las gestiones necesarias que garanticen el cese de los funcionarios que ocupan actualmente cargos en su gobierno y que tuvieron responsabilidades en las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en los años 2006 y 2007.
Insiste De la misma manera que tiene identificada una serie de domicilios donde presuntamente se localizan fosas donde se habrían llevado a cabo inhumaciones clandestinas de activistas sociales o, bien, de militantes del Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario (PDPR-EPR).
La Comisión de la Verdad recomienda a la Secretaría de Educación Pública, al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y a las Secciones XXII y LIX, garantizar en todo tiempo, por encima de intereses políticos y gremiales, el derecho a la educación de las niñas, niños y adolescentes.
