Aún sin luz y dos millones de pesos menos, Comisión de la Verdad tiene una obligación con las víctimas

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Por Rodrigo Islas Brito

El tweet del pasado lunes del presidente comisionado de la Comisión de la Verdad para los esclarecimientos de las violaciones a los derechos humanos en la Oaxaca del 2006 y 2007, Alejandro Solalinde, anunciaba el infortunio.

“Hoy cortaron la luz en la @CV_Oaxaca por falta de pago, gracias a legisladores del PRI, PAN, Verde y PRD que nos recortaron el presupuesto”.

En entrevistas y notas previas Solalinde había ya arremetido contra el órgano legislativo de Oaxaca, por haber recortado el presupuesto de los dos últimos meses de la Comisión en dos millones de pesos y por no haber permitido que al organismo se le diera una prorroga hasta marzo o mayo para entregar su informe final.

“La Comisión de la Verdad haría muy mal en concentrarse en esto y  justificar la calidad o no calidad de su informe final”

Comenta Carlos Flores, asesor político, que pide por razones personales y profesionales que su verdadero nombre no sea revelado en esta nota.

“La verdad es que yo no debería estar opinando sobre esto. Pero eso de que les hayan cortado la luz por dos mil pesos que no pudieron pagar suena a que la Comisión está haciendo de la queja un método”.

Flores mira a los dos mil pesos, como una cantidad que se pudo conseguir, y el hecho de que les hayan cortado la luz eléctrica como significativo de que la Comisión de la Verdad se está estacando en una polémica, que al final no va a terminar en ningún lado.

“Tuvieron casi dos años para hacer su labor y porque les cortan el dinero los últimos dos meses, Solalinde dice que todo el informe está en peligro. No debería ser así, el recorte de dos millones de pesos se produce en una crisis económica muy seria del gobierno estatal, con prácticamente casi todas las instancias de gobierno sufriendo recortes similares, así que tampoco suena completa la certeza de que fue una acción totalmente concertada”.

Se le comenta a Flores que, Solalinde aseguró que eso no lo ve como una justificación para el recorte, pues dice que ese mismo recorte debió aplicarse mejor en las campañas políticas, que poco o nulo favor le hacen finalmente al ciudadano.

“Estoy de acuerdo, pero lo cierto es que el dinero para campañas políticas no pasa por el gobierno estatal, sino por el Instituto Nacional Electoral”.

Flores considera que, la Comisión de la Verdad ha cumplido con una buena labor, prueba de ello fue el acto multitudinario convocado a mediados del año pasado en el teatro Macedonio Alcalá, donde víctimas del conflicto se reunieron a contar su historia, sobre sucesos que les significaron heridas físicas y emocionales que todavía no cicatrizan, o la consignación que lograron de los siete responsables de la ejecución de un guardia comunitario de San Antonino Castillo Velasco e integrante de la APPO, de nombre Arcadio Hernández Santiago, ocurrido el 2 de octubre de 2006.

“Se sabía que no iban a lograr que Ulises Ruiz o cualquier otro miembro de su administración pisara la cárcel. Se sabía porque desde el principio la Comisión se formó por decreto bajo un principio de resultados no vinculantes”.

Flores asegura que, como observante de la labor de la Comisión, es cierto de que está se ha conducido con profesionalismo y voluntad de hacer bien las cosas, pero que esto no debe cambiar, aun cuando hoy, como lo comentara Solalinde en una entrevista previa, no tienen para pagarle a su personal .

“Esto va más allá de eso. Los tres comisionados, Solalinde, Marina Jiménez y el periodista Diego Osorno, debieron estar conscientes desde un principio que  no iba a ser un jardín de rosas. La comisión fue consecuencia de un compromiso electoral asumido por el gobierno de Gabino Cué”

“Pero eso no quiere decir que, el actual gobierno realmente haya querido arrojar claridad sobre lo sucedido en 2006 y 2007. Se sabe que la impunidad para Ulises Ruiz y los suyos ya estaba pactada desde antes que Cué asumiera la gubernatura”.

Flores sostiene que, los tres comisionados debieron y deben estar preparados para trascender el papel de “comparsas de una simulación “, por el que final y verdaderamente llegaron a esos puestos.

“Jiménez y Osorno prácticamente han desaparecido, y ahora solo es Solalinde la única voz cantante en este asunto. Y ya sabemos que aunque es una gran luchador social, el sacerdote a veces tiene problemas con su manera de soltar las cosas”

Para ejemplo,  Flores recuerda el desencuentro de Solalinde con algunos padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, quienes lo confrontaron cuando él aseguró que tenía la información de donde y cuando habían sido asesinados y enterrados sus hijos.

“El problema ante eso es que al padre le gusta mucho el protagonismo. Y los otros dos comisionados parecen sentirse muy cómodos con eso. A Diego Osorno ahorita hasta le está dando tiempo de promocionar su libro sobre Carlos Slim”.

De los señalamientos de diputadas priistas en torno a que la Comisión se concentró demasiado en el bando de la gente que estuvo con la APPO, Flores lo mira como algo natural.

“Finalmente fue del lado de la APPO de donde salieron los muertos. Lo que pasó en el 2006, y para los que lo vivimos, aquello fue claramente un caso de represión gubernamental contra un movimiento social que pedía su cabeza”.

El entrevistado que ha pedido anonimato, considera que el asunto del reciente corte de luz suena ya a que Solalinde está haciendo tango, donde lo realmente importante es que “la Comisión de la Verdad tiene una obligación para con la gente que se acercó a ella, de definir de una vez por todas que fue realmente lo que aconteció en la Oaxaca de 2006 y 2007”:

“Aun en números rojos, ese compromiso está ahí y deben cumplirlo. Si no, ¿De qué sirvieron todos esos foros públicos que organizaron a lo largo del estado?”.

“¿Qué ahora resulta que no los dejan hacer su trabajo?, Eso hasta ellos debieron preverlo. Estoy seguro que ingenuos no son. Si como dicen ahora no tienen dinero ni para imprimir su informe final, pues que le saquen fotocopias y lo repartan con clips”

“Que lo griten, que lo manden por correo electrónico. Tienen un compromiso con la gente que deben cumplir, más allá del título de comisionados, que por conveniencia, les endilgó un gobierno que en el fondo no le quería hacer justicia a nadie”.