Autoridades de Puebla impiden actualizar su identidad a hombre transexual

Inició una lucha por su identidad, pero ahora tiene dos. El periodista poblano Tuss Fernández recibió el pasado 27 de agosto la negativa del Registro Civil de Puebla para actualizar su identidad legal, ya avalada por la institución homóloga de la ciudad de México.

Aunque Fernández ya cuenta con su Clave Única de Registro de Población (CURP), su credencial para votar del Instituto Nacional Electoral (INE) y su licencia de conducir actualizadas, el Registro Civil de su estado natal le negó el trámite, colocándolo así en un problema que podría tomar tintes legales pues ahora posee dos identidades: la de mujer, con la que nació, y la de hombre, que es la que ha elegido y que la legislación del Distrito Federal le permitió asumir legalmente.

Fue a finales del mes de marzo, apenas arrancaron los trámites simplificados que permiten a una persona cambiar el sexo registrado en su acta de nacimiento mediante un trámite simple en el Registro Civil, cuando el reportero realizó esta adecuación de identidad en la capital del país.

Fernández Hernández regresó a la ciudad de Puebla para solicitar la modificación en su CURP, pero se encontró con una primera traba. El trámite le fue negado pues no contaba con ninguna identificación oficial con su nueva identidad. En este contexto, se puso en contacto con el Jefe de Expedición de Actas del Registro Civil Central del Estado de Puebla (RCEP), Federico Hiram Vargas Morales, quien inicialmente se ofreció a ayudarlo con el proceso, pero en su siguiente encuentro le notificó que, a pesar de que su nueva acta de nacimiento era legal, no podía expedírsele una nueva CURP y que, por el contrario, su caso había sido “boletinado” a todas las oficinas, lo cual le impediría realizar el trámite en todo el estado.

El afectado considera que esta reacción del funcionario puede tener alguna relación con el hecho de que él se identificó como periodista, y que pidió a Vargas Morales que lo ayudara a gestionar una entrevista con su jefa, la directora del RCEP, para conocer cómo se procedería en el futuro, cuando se presentaran casos como el suyo.

La CURP tuvo que obtenerla, nuevamente, en el Distrito Federal –donde el trámite le tomó sólo cinco minutos. En la misma visita a la ciudad obtuvo del Registro Civil Central del DF una notificación que daba parte al registro civil de origen (Huauchinango, Puebla) sobre el cambio de identidad.

Hubo numerosos intentos de entregar esa notificación, pues del registro civil de Huauchinango le decía que debía hacerlo en el de la ciudad de Puebla y viceversa, por lo que Fernández presentó una queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos por la omisión de las autoridades para recibir el documento, y también por el abuso de confianza por parte de Vargas Morales al difundir la información contenida en sus documentos personales. Nunca recibió notificación alguna sobre seguimiento de esta queja.

Finalmente, a través de la Oficialía de Partes del Ayuntamiento de Huauchinango, logró entregar la notificación y ésta fue canalizada al registro civil. A la par, envió una solicitud a la directora del RCEP y anexó la notificación. En el RCEP, el caso fue revisado durante tres semanas, cuando el plazo máximo debe ser de 8 días naturales. La respuesta a la solicitud de realizar el cambio de identidad y de realizar las anotaciones marginales correspondientes al acta primigenia fue negativa, con el argumento de que sólo se anexaron copias simples de los documentos en cuestión.

Ante esto y asesorado por una abogada, redactó una nueva solicitud al RCEP y anexó los documentos certificados por el propio Registro Civil de Huauchinango, que tenía en su poder los originales.

Finalmente, el jueves 27 de agosto, Tuss Fernández recibió la respuesta negativa del RCEP, que en su cuerpo de texto cita que el afectado “confesó” de manera “expresa” poseer dos actas de nacimiento. El periodista percibe esto como una advertencia y piensa que la situación podría interpretarse como el uso de una doble identidad, lo cual constituye un delito federal.

“Dentro de la entidad, la negativa a modificar mi acta primigenia y a poner mis datos bajo resguardo me deja en una situación de ambigüedad totalmente involuntaria”, afirmó Fernández en un comunicado de prensa.