El presidente consejero de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), Arturo Peimbert Calvo, reconoció que las agresiones contra periodistas, como para defensores de derechos humanos, han ido en aumento, por lo que coincidió que se hace necesario generar los mecanismos de protección para garantizar el derecho a ejercer su actividad profesional.
Luego que el pasado lunes habitantes de San Baltazar Chichicapam agredieron a dos representantes de medios de comunicación, el ombudsman oaxaqueño reiteró que ante este incremento de la violencia contra comunicadores, el estado está obligado a salvaguardar este derecho.
“Vemos con alarma un incremento importante sobre la agresión a defensores de derechos humanos y periodistas, lo vemos como un incremento inusitado…”, dijo Peimbert Calvo al tiempo que animó a los comunicadores hacer llegar la información necesaria sobre cualquier tipo de amenaza que se registre como consecuencia de su actividad profesional.
“Vemos que muchas de estas agresiones van relacionadas con la actividad que realizan y sobre todo en todas estas situaciones que tienen que ver con problemas agrarios, políticos electorales, la protesta social… sin duda se ve una incidencia en este sector”.
Reconoció, aunque no con cifras por no tenerlas a la mano, que se ha visto que estas agresiones se incrementan mes con mes.
En cuanto a los casos recientes, sobre agresiones a periodistas, dijo que se han dictado medidas cautelares para las víctimas, así como los mecanismos para que las áreas de procuración de justicia generen la investigación, determinen la responsabilidad y se proceda en consecuencia.
De la misma manera, se ha hecho la recomendación a las áreas de seguridad pública para que se generen mecanismos de prevención en este tipo de actos.
Peimbert Calvo insistió en animar a los representantes de los medios de comunicación para que hagan llegar la información sobre el nivel de hostigamiento o si perciben algún tipo de actividad sobre una posible agresión, a la vez que dijo corresponde a la Defensoría vigilar que los comunicadores tengan acceso a su actividad periodística.
