El Consejo Indígena Popular “Ricardo Flores Magón” (CIPO) de Oaxaca denunció que a unos días de haber publicado una acción urgente por las amenazas de muerte que recibió el defensor de Pablo López Alavés, preso político ecologista encarcelado desde 2010, el viernes 23 de enero dos policías uniformados se presentaron a la casa de la organización pateando la puerta y exigiendo a gritos ingresar a la misma para “platicar”, lo que no permitieron sus compañeros “por miedo a que entraran a golpearlos o a llevárselos y desaparecerlos como está pasando actualmente en este país”.
Asimismo responsabilizó de las amenazas contra sus militantes y sus oficinas al gobernador del estado, Gabino Cué Monteagudo, pues pese a tener mesas de trabajo donde se están tratando medidas cautelares para la casa comunitaria del CIPO-RFM, de Miguel Cruz Moreno y su familia y para la familia de López Alavés y su abogado, Galdino Vicente Baltazar Sumano, “no vemos respuestas, al contrario, están ya aumentando los riesgos de que entren en la casa comunitaria del CIPO-RFM y se lleven a algún compañero”.
En agosto del 2010, Pablo López Alavéz, zapoteco, “fue secuestrado por hombres encapuchados, y al otro día trasladado al penal de Etla, acusado de homicidio calificado y tentativa de homicidio” informó el CIPO, afirmando que la averiguación previa en su contra (276(II)2007) “está llena de inconsistencias e irregularidades”, apuntó que López Alavez “es reprimido por defender el bosque en su comunidad de San Isidro Aloapam en contra de los talamontes del municipio de San Miguel Aloapam, quienes son apoyados por grupos paramilitares y organismos gubernamentales como la Semarnat”.
Por su parte, la CDHO informó el pasado día 15 de enero en un comunicado, que la Procuraduría General de Justicia del Estado iniciará una averiguación previa por amenazas al ecologista indígena López Alavez, a su esposa Yolanda Pérez Cruz, a sus familiares y a su abogado.
Asimismo que debido a dichas amenazas, la Defensoría del Pueblo de Oaxaca “pidió y obtuvo medidas de protección que efectuará la Procuraduría General de Justicia del Estado, mediante la investigación correspondiente a dichas intimidaciones pero “aún no ha recibido respuesta de la Secretaría de Seguridad Pública, a la cual solicitó proporcionar las medidas de vigilancia y protección que garanticen la integridad” de las personas mencionadas.
Añadió que ya tiene en trámite por este caso el expediente DDHPO/1651/(06)/OAX/2014, abierto por posibles violaciones a los derechos a la seguridad jurídica y al debido proceso en perjuicio de López Alavez, por la posibilidad de que haya irregularidades en su causa judicial.
