San Pablo Villa de Mitla, Oaxaca, 6 de mayo de 2025. Ciudadanos de Mitla realizaron una denuncia pública para evidenciar lo que califican como una red de corrupción agraria que opera en la región, acusando al Comisariado de Bienes Comunales, al Tribunal Agrario del Distrito 21 y a particulares, de participar en un patrón sistemático de despojo de tierras.
Durante una conferencia de prensa, familiares y defensores del señor Efraín Hernández García denunciaron que ha sido víctima de un proceso de despojo ilegal disfrazado de legalidad, a través de actos avalados por autoridades agrarias locales. El caso más representativo —aseguran— es el del predio conocido como El Macahuite, del cual Hernández García es posesionario y propietario legítimo, con una cadena documental que data de hace más de 50 años.
Según la denuncia, en 2021, Adolfo Hernández García —hermano del propietario— presentó un acta de posesión sustentada en documentos falsos, lo que dio pie a que el Comisariado de Bienes Comunales le otorgara una nueva acta, aparentemente fuera de norma. A partir de ello se inició un juicio agrario, que fue desestimado inicialmente, pero posteriormente reabierto y resuelto en contra de Efraín Hernández sin permitirle ejercer plenamente su derecho a la defensa.
El conflicto escaló el pasado 30 de abril, cuando el predio fue ocupado con uso de la fuerza pública, en lo que los denunciantes consideran un acto ilegal y arbitrario. Además, señalan que el señor Efraín Hernández fue víctima de una agresión con arma blanca en 2024, lo que demuestra la violencia que rodea estos casos.
“La tierra se defiende, no se arrebata”, expresaron los denunciantes, quienes también alertaron que este no es un caso aislado. De acuerdo con su testimonio, existen múltiples casos similares en Mitla, donde menos de cinco comuneros —incluidos Pepe y Cirilo Juárez Antonio, y Rogelio Quero— mantienen el control del territorio comunal, excluyendo a otros legítimos posesionarios con respaldo legal.
Ante esta situación, exigieron:
El respeto a la posesión legal de Efraín Hernández García.
Una auditoría federal al Comisariado de Bienes Comunales de Mitla.
La intervención inmediata de la Procuraduría Agraria y de la SEDATU.
Sanciones penales contra los responsables de la expedición de actas irregulares.
La atención urgente de la CNDH y organismos internacionales.
La intervención del gobernador Salomón Jara Cruz y de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Los denunciantes concluyeron con un llamado a frenar lo que consideran una “forma moderna de despojo”, donde intereses económicos y políticos usan mecanismos legales para arrebatar tierras al pueblo. “La justicia agraria debe estar del lado de quienes la trabajan, no de quienes manipulan el sistema para beneficiarse”, afirmaron.
