Propietarios de talleres de cepillado de madera en Tlaxiaco denunciaron presuntos actos de extorsión y hostigamiento atribuidos a agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (@FGRMexico ), así como un cateo realizado el pasado 9 de agosto sin que, aseguran, se les mostrara una orden judicial.

De acuerdo con la denuncia presentada por Manuel Sánchez Rojas y otros afectados, desde abril de 2025 agentes que se identificaron como integrantes de la AIC habrían exigido cuotas periódicas para permitirles continuar con sus actividades comerciales.

Los afectados acudieron entonces ante el síndico municipal, quien informó de los hechos a la delegación de la FGR en Oaxaca. Posteriormente, el 27 de junio de 2025, Sánchez Rojas y otros propietarios rindieron declaración ante el Ministerio Público Federal, lo que derivó en la carpeta de investigación FED/OAX/OAX/0000690/2025, por el presunto delito de extorsión.

Según el relato de la familia, el 4 de agosto de 2026 un agente que presuntamente había acudido previamente al negocio regresó y preguntó por Sánchez Rojas, a quien habría amenazado con detener. El denunciante afirma que intentaron someterlo y que tuvo que abandonar el lugar para pedir ayuda.

Cinco días después, el 9 de agosto, alrededor de 90 elementos de la Guardia Nacional, Ejército, Policía Estatal y AIC, acompañados por personal de la FGR y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), arribaron al taller para realizar una diligencia que califican como cateo.

Los familiares sostienen que no se presentó una orden judicial y que fueron aseguradas herramientas, maquinaria, madera y otros materiales utilizados para la operación del negocio.

El Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (CEDHAPI A.C.) y familiares de Sánchez Rojas exigieron a la FGR investigar de manera imparcial las acusaciones de cobro de piso, deslindar responsabilidades y sancionar a los servidores públicos que resulten responsables.

También solicitaron medidas de protección para los denunciantes, la devolución de los bienes asegurados y una investigación sobre la actuación de los agentes que participaron en el operativo.

Tlaxiaco