PAN exige piso parejo en la justicia tras detención de Ernesto Ruffo; cuestiona trato a casos de Morena

El Partido Acción Nacional (PAN) cerró filas en defensa del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, al sostener que ninguna persona debe estar por encima de la ley, pero tampoco ser privada de las garantías del debido proceso, al tiempo que lanzó un cuestionamiento directo sobre la actuación de las autoridades en casos que involucran a figuras de Morena.

En un posicionamiento difundido este jueves, el PAN afirmó que corresponde a las autoridades conducir las investigaciones contra Ruffo con estricto apego a la legalidad y reiteró su confianza en que el exmandatario aclarará los señalamientos por las vías institucionales.

Sin embargo, el partido endureció su discurso al señalar que la actuación de la justicia no puede depender de la filiación política de los involucrados. Aseguró que, mientras en el caso de Ruffo las autoridades actuaron de manera inmediata, existen expedientes relacionados con personajes como el exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, que —afirmó— continúan sin resolverse pese a los señalamientos públicos.

Acción Nacional sostuvo que esa diferencia de criterios alimenta la percepción de una justicia selectiva y advirtió que la confianza en las instituciones sólo podrá recuperarse cuando la ley se aplique con imparcialidad, sin privilegios ni persecuciones políticas.

El partido también señaló que la detención de Ruffo ocurre en un contexto de creciente atención pública sobre el caso de Marina del Pilar, quien, dijo, aún no ofrece respuestas suficientes a los cuestionamientos que enfrenta.

En ese sentido, demandó que las autoridades actúen con absoluta transparencia y dejen claro que la procuración de justicia no responde a intereses políticos ni a un uso discrecional de las instituciones.

Finalmente, el PAN reiteró su respaldo al Estado de derecho, la presunción de inocencia y el debido proceso, al insistir en que la ley debe aplicarse con el mismo rasero para todos los actores políticos, independientemente del partido al que pertenezcan.

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