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En política, las casualidades suelen durar lo que tarda en aparecer una explicación convincente. Cuando ésta no llega, las coincidencias se convierten en sospechas.
La detención del exgobernador Ernesto Ruffo Appel, acusado de presunto huachicol fiscal, merece una investigación seria y un proceso impecable. Si existen pruebas, que se presenten; si hubo delitos, que se sancionen. Nadie debería estar por encima de la ley.
Pero tampoco puede ignorarse el contexto.
La captura ocurre justo cuando el gobierno de Baja California enfrenta una de sus peores tormentas políticas. La gobernadora Marina del Pilar Ávila está bajo una presión inédita tras la difusión de audios, señalamientos públicos y cuestionamientos sobre presuntos vínculos de integrantes de su círculo con investigaciones de autoridades estadounidenses. Más allá de que esas acusaciones deban probarse, la crisis política es evidente.
Y entonces aparece Ruffo.
No cualquier político. Se trata del primer gobernador de oposición en la historia moderna del país, una figura emblemática del PAN y un personaje con alto valor simbólico. Su detención desplazó de inmediato la conversación pública.
La pregunta resulta inevitable: ¿estamos frente a una acción de justicia o ante una maniobra política para cambiar la agenda?
El PAN sostiene que existe un doble rasero. Afirma que mientras Ruffo fue detenido con rapidez, otros personajes señalados públicamente, como Rubén Rocha Moya y Marina del Pilar, no enfrentan acciones similares.
Somos MX fue directo al calificar la captura como una “cortina de humo” para desviar la atención del escándalo que rodea a la mandataria bajacaliforniana.
Esas afirmaciones forman parte del discurso de la oposición y, por sí mismas, no prueban que exista una estrategia gubernamental. Pero tampoco pueden desestimarse sin una explicación institucional sólida.
Porque el verdadero problema no es únicamente la detención de Ruffo.
El problema es la creciente percepción de que la justicia mexicana actúa con distinta velocidad según el color del partido. Una percepción alimentada por investigaciones que avanzan con celeridad en algunos casos y permanecen inmóviles en otros, incluso cuando el costo político es evidente.
La Fiscalía General de la República tiene la responsabilidad de demostrar que sus decisiones obedecen exclusivamente a pruebas y no a coyunturas políticas. Si el expediente contra Ruffo es sólido, deberá sostenerlo ante los tribunales. Pero si la sincronía con la crisis de Marina del Pilar termina siendo sólo una desafortunada coincidencia, corresponde a la autoridad disipar cualquier duda con hechos, no con discursos.
En democracia, la justicia no sólo debe impartirse; también debe parecer imparcial.
Cuando las detenciones coinciden con las crisis políticas del poder, la sospecha deja de ser un problema de la oposición y se convierte en un problema de credibilidad para el Estado.
Porque si la ley termina utilizándose para administrar la conversación pública en lugar de impartir justicia, el verdadero daño no lo sufre un partido ni un gobierno.
Lo sufre la confianza de los ciudadanos. Pretenden sepultar con la detención del panista, los reveladores audios de Marina del Pilar Ávila.
