Estado
Nacional
A pesar de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dio por concluido el litigio electoral de San Juan Mazatlán al desechar los últimos recursos promovidos contra la elección municipal, la Secretaría de Gobierno niega la acreditación oficial al Ayuntamiento encabezado por el edil electo, Esteban Santiago Aguilar.
Con esta resolución, el máximo órgano jurisdiccional en materia electoral dejó firme el fallo de la Sala Regional Xalapa que reconoció el triunfo de la planilla roja y validó la elección del municipio mixe para el ejercicio 2026.
Sin embargo, la disputa se trasladó del ámbito judicial al administrativo.
De acuerdo con autoridades municipales, la Secretaría de Gobierno estatal habría negado por quinta ocasión la expedición de acreditaciones oficiales a los integrantes del Cabildo, pese a que éstos rindieron protesta desde abril pasado y cuentan con resoluciones favorables emitidas por tribunales electorales federales.
La controversia electoral se originó tras los comicios celebrados el 16 de noviembre de 2025 bajo el sistema normativo indígena. Inicialmente, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) validó el triunfo de la planilla azul encabezada por Martina Caballero García, con base en un primer expediente integrado por 12 actas comunitarias.
Posteriormente, fue presentado un segundo expediente con 14 actas adicionales que favorecían a la planilla roja. La Sala Regional Xalapa determinó que existieron condiciones de tensión y violencia que justificaron la entrega extemporánea de dicha documentación, por lo que ordenó contabilizar la totalidad de las actas y reconoció el triunfo de Esteban Santiago Aguilar.
Inconformes, integrantes de la planilla azul promovieron recursos de reconsideración ante la Sala Superior, alegando violaciones a los principios de certeza y legalidad electoral, así como presunta violencia política de género contra la primera mujer que habría alcanzado la Presidencia Municipal.
No obstante, los magistrados concluyeron que los agravios planteados correspondían a cuestiones de mera legalidad y no de constitucionalidad, por lo que el recurso extraordinario resultaba improcedente.
La resolución de la Sala Superior dejó firme la elección y cerró el litigio judicial; sin embargo, la negativa del Gobierno estatal para entregar las acreditaciones mantiene abierto un nuevo frente de conflicto político.
Autoridades municipales sostienen que la falta de acreditación contradice resoluciones emitidas por órganos jurisdiccionales electorales e incluso criterios respaldados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al impedir el pleno ejercicio de funciones de autoridades electas y reconocidas judicialmente.
Aunque la sentencia fue aprobada por unanimidad, el magistrado Felipe de la Mata Pizaña emitió un voto razonado en el que expresó reservas sobre el criterio adoptado previamente por la Sala Xalapa, al considerar que no existían elementos probatorios suficientes para justificar la recepción tardía de las actas que modificaron el resultado electoral.
La negativa del Gobierno de Oaxaca para entregar las acreditaciones al Ayuntamiento de San Juan Mazatlán, pese a resoluciones judiciales firmes, podría derivar en responsabilidades legales y políticas para los funcionarios involucrados, incluido un eventual juicio político, si las autoridades competentes determinan la existencia de incumplimiento a mandatos jurisdiccionales.
