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La reciente designación de Luis Abel Solano Santiago como integrante del Consejo Electoral de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca generó cuestionamientos dentro de la comunidad universitaria, que señala presuntas irregularidades y un historial de señalamientos en su contra.
Durante la sesión del Consejo Universitario, Solano Santiago fue electo para integrarse al órgano encargado de organizar y calificar los procesos internos de la institución. Diversos sectores interpretaron el nombramiento como una decisión política que fortalece su influencia en áreas estratégicas de la Universidad.
De acuerdo con documentos judiciales, el 24 de octubre de 2025 un juez local dictó auto de vinculación a proceso en su contra por el delito de violencia familiar, dentro de la causa penal 838/2025. Como parte de las medidas cautelares, se le impuso la restricción de no acercarse ni comunicarse con la presunta víctima, además de quedar bajo supervisión de la Unidad de Medidas Cautelares (UMECA).
A pesar de este proceso vigente, testimonios de trabajadores y estudiantes refieren que el funcionario mantiene presencia activa en la toma de decisiones universitarias. También lo vinculan con acciones de presión interna y conflictos laborales en distintas facultades.
Las críticas se extienden al entorno cercano del ahora consejero electoral. Señalamientos apuntan a que su hijo, actual directivo en la Facultad de Cultura Física y Deportes, forma parte de una red de control que ha intervenido en disputas internas, incluyendo la toma de instalaciones universitarias.
En paralelo, alumnas de distintas facultades han manifestado inconformidad por presuntos casos de acoso y conductas indebidas atribuidas a personas cercanas a su grupo, lo que ha incrementado la tensión dentro de la comunidad estudiantil.
Hasta el momento, autoridades de la Rectoría no han emitido una postura pública sobre los cuestionamientos en torno al nombramiento ni sobre el impacto que podría tener en la credibilidad de los procesos internos.
La designación ocurre en un contexto de creciente inconformidad, donde sectores universitarios advierten sobre riesgos en la legitimidad de los órganos encargados de garantizar la vida democrática de la institución.
