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Un reporte de la organización Global Financial Integrity (GFI) volvió a colocar a México entre los países con mayor exposición a flujos financieros ilícitos, al advertir que el sector inmobiliario en Estados Unidos continúa siendo una vía recurrente para ocultar recursos de origen dudoso.
Según información revelada por la periodista Elena Chávez, de acuerdo con la organización, el mercado de bienes raíces en la Unión Americana ha sido utilizado durante años por redes internacionales —incluyendo actores políticos— para canalizar capitales y dificultar su rastreo, mediante estructuras opacas y vacíos regulatorios.
En este contexto, versiones difundidas en redes sociales y espacios políticos han señalado a diversos personajes públicos mexicanos, entre ellos el ex gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, por presuntamente formar parte de esquemas de adquisición de propiedades en Estados Unidos.
Acusaciones en circulación
Además, Simón Levy, ex funcionario obradorista, Murat es señalado por presunto lavado de dinero, triangulación de recursos y operaciones con recursos públicos de procedencia ilícita mediante el uso del sistema financiero estadounidense.
Incluso, se afirma que autoridades en Estados Unidos ya integrarían investigaciones relacionadas con estos señalamientos.
Antecedentes de patrimonio
Investigaciones periodísticas previas han documentado que la familia Murat ha adquirido propiedades en Estados Unidos a lo largo de varias décadas, lo que ha sido objeto de escrutinio público.
Los involucrados han sostenido que dichos bienes provienen de actividades privadas y recursos familiares.
México, foco de flujos ilícitos
GFI ha advertido que México figura de manera constante entre los países de origen de capitales que buscan ser ocultados en mercados internacionales, particularmente a través del sector inmobiliario.
Especialistas señalan que prácticas como el uso de prestanombres, empresas fachada y estructuras financieras complejas facilitan el movimiento de recursos ilícitos fuera del país.
Otros nombres que aparecen en el informe son José Ramón López Beltrán y Arturo Ávila.
Presión política
Los señalamientos recientes se dan en medio de un clima político polarizado. Actores de oposición han pedido a la Unidad de Inteligencia Financiera abrir investigaciones, mientras que el Gobierno federal no ha informado sobre indagatorias específicas en torno a estos casos.
Analistas advierten que, más allá de los nombres que surgen en el debate público, el problema del lavado de dinero mediante bienes raíces es estructural y requiere mayor cooperación internacional y mecanismos de transparencia.
