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- Solicitará a la Asamblea General evaluar medidas de apoyo internacional para contener y revertir la problemática
Ginebra, Suiza.- El Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) encendió las alertas sobre la crisis de desapariciones en México, al advertir que existen indicios fundados de que este delito se ha cometido de manera generalizada o sistemática, lo que podría configurar crímenes de lesa humanidad.
En una decisión sin precedentes, el organismo anunció que solicitará al Secretario General de la ONU remitir el caso mexicano a la Asamblea General, con el fin de evaluar medidas de apoyo internacional para contener y revertir la problemática.
El Comité sostuvo que la información recabada —proveniente de organizaciones civiles, víctimas, datos oficiales y observaciones realizadas desde 2012— apunta a la existencia de múltiples ataques contra la población civil en distintas regiones del país y en diferentes momentos.
Aunque el mecanismo activado tiene carácter preventivo y no busca fincar responsabilidades penales individuales, sí pretende movilizar presión y cooperación internacional ante la magnitud del fenómeno.
El organismo matizó que no encontró evidencia de una política federal orientada a cometer desapariciones forzadas; sin embargo, subrayó que esto no excluye que dichos actos puedan ser considerados crímenes de lesa humanidad, ya que el derecho internacional no exige que sean ordenados desde el más alto nivel de gobierno ni que ocurran en todo el territorio nacional.
Además, advirtió que, aunque el Estado mexicano sostiene que muchas desapariciones son perpetradas por el crimen organizado, el Comité ha documentado casos con presunta participación directa de servidores públicos, así como situaciones en las que autoridades habrían tolerado o facilitado estos hechos.
El informe también pone el foco en la dimensión de la crisis. Si bien el Registro Nacional de Personas Desaparecidas no distingue claramente cuántos casos corresponden a desapariciones forzadas, la cifra acumulada evidencia un problema de gran escala.
A ello se suma el hallazgo constante de fosas clandestinas en el país: más de 4 mil 500 sitios detectados, con al menos 6 mil 200 cuerpos y miles de restos humanos, además de decenas de miles sin identificar.
Pese a algunas acciones implementadas tras la visita del Comité en 2021, el organismo concluyó que no hay mejoras sustanciales. Por el contrario, señaló que las autoridades se encuentran rebasadas y que persisten fallas estructurales en las labores de búsqueda, investigación y sanción.
Ante este panorama, el Comité pidió a la Asamblea General de la ONU valorar el envío de asistencia técnica, recursos financieros y apoyo especializado para fortalecer las capacidades del Estado mexicano, particularmente en materia forense, de búsqueda e investigación.
Asimismo, urgió a establecer mecanismos eficaces para esclarecer los hechos y garantizar protección a familiares, colectivos y defensores que participan en la localización de personas desaparecidas.
La decisión coloca a México bajo un escrutinio internacional más intenso en uno de los temas más sensibles en materia de derechos humanos.
