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El Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas, A.C. (Cedhapi) advirtió sobre la posible liberación de dos ex policías municipales de Tlaxiaco procesados por el delito de tortura, pese a que el caso cuenta con pronunciamientos de instancias internacionales y medidas cautelares vigentes.
De acuerdo con la organización, Melquiades Avendaño Sarabia y Jorge Hilario Santiago —también identificado como Jorge Santiago Hilario— enfrentan la causa penal 121/2025 por presuntos actos de tortura cometidos en agravio de Ángel Daniel Bautista Vásquez, ocurridos el 21 de marzo de 2020.
Ambos imputados fueron vinculados a proceso en julio de 2025 y permanecen en prisión preventiva en el penal de Tanivet, en Tlacolula de Matamoros. Sin embargo, una audiencia para revisar dicha medida cautelar fue programada inicialmente el 27 de marzo y diferida para el próximo 6 de abril, lo que abre la posibilidad de que enfrenten el proceso en libertad.
El caso ha sido acompañado por instancias internacionales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a la víctima en 2020, mientras que en abril de 2025 el Comité Contra la Tortura de la ONU emitió un dictamen en el que se pronuncia sobre los hechos. A nivel local, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca emitió la recomendación 03/2025.
Cedhapi subrayó que este expediente constituye el único caso de tortura judicializado en la entidad, pese a que entre 2011 y 2025 se han registrado más de 900 investigaciones por este delito, con más de mil víctimas.
La organización también señaló posibles riesgos de tráfico de influencias, al indicar que el abogado defensor de los imputados, Carlos Fernando Santiago Cruz, se desempeña actualmente como director jurídico del Ayuntamiento de Tlaxiaco y tendría vínculos con funcionarios estatales.
Ante este escenario, tanto la organización como la víctima expresaron su preocupación por la integridad física de Bautista Vásquez y su familia, quienes —afirman— han sido objeto de amenazas y hostigamiento.
En un pronunciamiento público, exigieron mantener la medida de prisión preventiva contra los acusados, así como el cumplimiento de las disposiciones emitidas por la CIDH y el Comité Contra la Tortura de la ONU, además de garantizar la no intervención de autoridades estatales y municipales en el proceso judicial.
