La Jornada
El gobernador del estado, Alejandro Murat Hinojosa aseveró este martes que su administración y principalmente, la Secretaría de Salud del estado están listos y con la capacidad suficiente para atender a las mujeres que deseen hacer uso de sus derechos, esto luego de que el pasado 24 de octubre se publicara en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca las reformas al Código Civil estatal que despenaliza la interrupción temprana del embarazo hasta la semana 12.
El mandatario refirió que las diversas instancias de salud están siempre listas para atender a quien lo requiera, independientemente de las necesidades de la población, por lo que estos casos no serán la excepción, sin embargo indicó que se le ha informado que grupos inconformes han promovido una serie de recursos de inconstitucionalidad en contra de las modificaciones al Código Civil
Por lo tanto, aún cuando este ya haya sido publicado y entre en vigor, hay que estar atentos a las determinaciones que los tribunales tomen al respecto, en su caso dijo, se escucho al pueblo oaxaqueño por parte de los diputados que son los representantes populares y aceptaron las reformas.
Murat Hinojosa añadió que si bien se aprobaron el pasado 25 de septiembre las modificaciones al Código Civil para el Estado de Oaxaca, estas sin leyes secundarias por los que aún se requiere una reforma constitucional para poder avalar en su totalidad la irrupción temprana del embarazo.
Las reformas al Código Civil del estado fueron publicadas desde el pasado 24 de octubre, sin embargo esto se dio a conocer el pasado 28 de octubre, con lo que la interrupción temprana del embarazo en Oaxaca hasta la décimo segunda semana de gestación podrá llevarse a cabo en las unidades médicas estatales.
La reforma al código civil contempla que toda mujer puede acceder a un aborto hasta la décimo segunda semana de gestación, pasando este período de tiempo quien se practique una interrupción del embarazo podría alcanzar penas de 3 a 6 meses de prisión o de 100 a 300 días de trabajo comunitario.
También estipula que aquella persona que obligue a realizar un aborto podrá ser condenada de 3 a 6 años de prisión, sin embargo si hay agravantes como la violencia “física o moral” se podrán imponer penas de hasta 10 años de prisión, según lo considere el juez de la causa.
