Por Rodrigo Islas Brito
“Los Ulises Ruiz siguen existiendo aunque cambien de nombre” declara el sacerdote Alejandro Solalinde, presidente de la Comisión de la Verdad de Oaxaca (CVO) para el esclarecimiento de la violación a los derechos humanos del 2006 y 2007.
En entrevista telefónica, el clérigo y activista comentó que la presentación pública del informe final de actividades no se realizó el pasado 16 de abril, como se había anunciado, debido al actual y avasallador proceso electoral en el que se encuentra el estado actualmente.
“Hemos pensado en presentarlo quince o veinte días después de que se realicen las elecciones, el cinco de junio. Ahorita nadie lo va a pelar, todos están muy enfrascados en descalificaciones y promesas”.
Aunque aclara que el informe final estará ya físicamente disponible al público a partir del día de mañana, 28 de abril, en la página web de la Comisión de la Verdad de Oaxaca.
Respecto a si presentar públicamente este informe final después de las elecciones, con un nuevo gobierno estatal ya electo para entonces, tiene como propósito el comprometer a este futuro gobierno entrante en el cumplimiento de las recomendaciones del informe, el sacerdote aclara que por principio de cuentas él no tiene partido político, y que en segundo lugar no aspira a que ninguna autoridad ni pasada, ni presente, ni futura, acate recomendación alguna.
“Hoy los perpetradores quieren ser candidatos a presidentes municipales. No ha habido interés de las autoridades para con los resultados de esta comisión, y tal vez no lo haya. Los intereses políticos que se protegen hoy en día incluyen capas y capas de impunidad”.
De estos señalamientos a servidores públicos de los que se pide su inhabilitación, tal vez el más significativo fue el que la CVO realizó en conferencia de prensa hace unos meses sobre Héctor Joaquín Carrillo, actual fiscal general del estado, a quien señalaron de haber vulnerado derechos humanos de muchas personas en su papel de director de averiguaciones previas de la Procuraduría de Justicia del gobierno de Ulises Ruiz Ortiz, en el 2006.
“Oaxaca está en la nata de impunidad”, precisó Solalinde, recordando al grupo de trabajo de la CVO no se le pagó por su último mes del trabajo , “a pesar de que existía el compromiso expreso de hacerlo”.
“Nuestro grupo trabajo bastante bien” dijo el padre, al tiempo que reiteró que hoy “las estructuras de poder en Oaxaca, no favorecen a la justicia. El cambio no va a venir de los partidos políticos, sino de la sociedad civil, aun sí le digo que va a haber cosas interesantes dentro y fuera del informe”.
Solalinde habló de que en la entidad hay “organizaciones sociales atomizadas confrontadas por dinero” Finalmente el entrevistado confirmó que el informe le fue ya entregado a la Junta de Coordinación Política del Congreso Estatal, pero que “ellos no lo van a hacer público porque ahorita no les conviene”.
El activista dijo además que la presentación pública y final del informe, después de las elecciones del cinco de junio, será coordinada por ley, por la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO).
