Por Rodrigo Islas Brito
La Comisión de la Verdad (CVO) entregó en conferencia de prensa un vasto resumen de su informe final que saldrá a la luz en su totalidad el próximo 16 de abril, implicando al actual Fiscal General del Estado, Héctor Joaquín Carrillo Ruiz, en responsabilidades por violaciones a los derechos humanos cometidos por entes gubernamentales durante el conflicto social del 2006 y 2007.
“El fue el director de Averiguaciones Previas (de la Procuraduría General del Estado) durante el 2006). Tenía conocimiento de lo que se estaba suscitando, en la parte del derecho de las victimas al debido proceso, el derecho a que se les garantice justicia
“Si un ministerio publico al abrir un proceso de investigación, no actúa teniendo los elementos adecuados para sustentar los hechos, desde ahí es el hilo en el que empieza la impunidad. Alguien que por omisión actúa y no hace las investigaciones correspondientes garantizando las violaciones a los derechos humanos”
Explicó la comisionada de la CVO, Marina Patricia Jiménez, sobre la responsabilidad de Carrillo en el 2006, a lo que presidente comisionado Alejandro Solalinde complementó diciendo que “la impunidad es parte de un sistema y el sistema actual ha sido parte de ese sistema”.
Los comisionados dieron cuenta del nombre de Carrillo Ruiz como parte de una lista proveniente una investigación de la Suprema Corte de Justicia, caso Oaxaca 1/2007, en la que se enumeraba nombres de funcionarios del sexenio ulisista a los que se les señala como responsables , por omisión o acción de violaciones a los derechos humanos durante el 2006 y 2007 , entre los que se encuentran otros nombres como Alma López Vásquez ,Heliodoro Díaz Escárraga, Margarito López Aragón , Jorge Aquino Reyes, Pedro Ismael Díaz Laredo y Daniel Camarena Flores.
En el resumen de su informe llamado “Ya Sabemos”, antes de citar estos nombres, la CVO “recomienda al Congreso del Estado y la Secretaría de la Contraloría para iniciar los procedimientos administrativos de inhabilitación de la función pública y separación del cargo a funcionarios señalados como responsables de violaciones a los derechos humanos.
Además de recomendar al gobernador Gabino Cué, “realice las gestiones necesarias para que garantice el cese de los funcionarios que ocupan actualmente cargos en su gobierno y que tuvieron responsabilidades en las graves violaciones a los derechos humanos” durante el conflicto social.
Con estos dos enunciados se le pregunta a la CVO si están entonces recomendando la remoción de su cargo del actual Fiscal General del Estado de Oaxaca, Héctor Joaquín Carrillo Ruiz.
“Lo que nosotros estamos diciendo es que se hagan las investigaciones, nosotros no somos la instancia que juzga, nosotros encontramos esto y a las instancias que les corresponde hacerlo son a la Función Pública y Contraloría, en base a la ley de servidores públicos”.
“Si ellos no actúan evidentemente serán parte de seguir manteniendo una situación de impunidad”, responde la comisionada Jiménez.
La CVO recomendó también a la Fiscalía General del Estado y a la Fiscalía de Investigación de Delitos de Trascendencia Social que, como resultado de la profusa información que brinda su presente informe, retomen las indagatorias en contra del exgobernador de Oaxaca, Ulises Ernesto Ruiz Ortiz; del exsecretario de Gobierno, Jorge Franco Vargas; de la exprocuradora, Rosa Lizbeth Caña Cadeza; del exdirector de Seguridad Pública, José Manuel Vera Salinas; y del exdirector de la Policía Ministerial, Manuel Moreno Rivas.
Se le cuestiona entonces a la Comisión si el pedir a una dependencia como la Fiscalía General del Estado, el que haga uso de su información, no entraña una contradicción al estar pidiendo también que su titular, Carrillo Ruiz sea investigado por la Función Pública y Contraloría, sobre su participación directa en violaciones a los derechos humanos sobre los que la CVO le conmina como Fiscal General, a actuar e investigar.
“La Fiscalía es una institución, no una persona. La persona puede ir y venir. Nosotros estamos recomendado institucionalmente . Además no nos toca a nosotros decir cómo se tiene que hacer la depuración, pero en la justicia tenemos que decirlo, que hay funcionarios que han participado en los hechos en un mayor y menor grado, y están como si no hubiera pasado nada”
Respondió Solalinde, asegurando nuevamente que varias de las personas que señala la CVO en un informe permanecen en puestos públicos y nunca fueron requeridos tan siquiera para aclarar las cosas.
La CVO y su tercer comisionado, Diego Osorno , concluyeron que el gobierno de Ulises Ruiz recurrió a medios legales e ilegales, decantándose en mayor medida por los segundos para tratar de contener la inconformidad generalizada de los grupos de ciudadanos que exigieron en las calles sus destitución durante el 2006
Sobre su anuncio anterior de existencia de desaparecidos políticos a raíz del 2006, la Comisión se fue a lo general , aduciendo informes del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desparecidas , operado por la Secretaría de Gobernación , la Defensa Nacional y la Presidencia de la República
Quienes han documentado la desaparición en Oaxaca de 216 personas de 2005 a 2015, en 35 de los 570 municipios. De estas, 97 se registraron durante el gobierno de Ulises Ruiz y 119 desde el inicio del gobierno de Gabino Cué.
“Para poder descartar que se trate de desapariciones forzadas, el Estado debe aclarar la situación de estas 216 personas”.
Trascendió después que los únicos desaparecidos políticos a los que la CVO considera como desaparecidos políticos del 2006 y 2007, y que se incluirán en el informe, son los ya conocidos, Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez –militantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR) desaparecidos entre los días 24 y 25 de mayo de 2007
Las dos jóvenes activistas triquis del MULT , las hermanas Virginia y Daniela Ortiz Ramírez , desaparecidas en agosto de 2007 y Lauro Juárez desaparecido en noviembre de 2007, y cuya desaparición física fue reivindicada por el Frente Popular Revolucionario.
De las fosas clandestinas del 2006 y 2007 anunciadas anteriormente, la CVO anunció que recibió 24 reportes, de la cuales nueve en total fueron verificadas en su veracidad y de estos domicilios algunos de ellos son domicilios de mandos policiacos, se encuentran en areas cercanas a cuarteles del a policía
Dijeron que durante cuatro años el informe, que hoy se encuentra en una revisión sintáctica final, estará en la página de la Comisión, en el cual tomaron testimonio de 263 personas tanto en entrevistas individuales como en sesiones colectivas
De los 68 funcionarios citados por la CVO Solo dieron su testimonio el expresidente Vicente Fox y el ex secretario de salud, Martin Vásquez Villanueva . Fox Quesada dijo por su parte haber sido presionado por su sucesor Felipe Calderón Hinojosa para enviar fuerzas federales a Oaxaca
“Ya que de esto dependía que el PRI apoyara la toma de protesta para la presidencia de Calderón
Fox asumió la responsabilidad del operativo del 29 de octubre de 2006 y acabo con el “síndrome presidencial de Tlatelolco”(nadie quería ser Gustavo Díaz Ordaz) . Asegurando que Calderón acrecentó persecución contra movimiento sociales bajo el pretexto de su guerra contra las drogas”.
La CVO enunció operativos durante el conflicto que tuvieron un efecto de represión y contención en los opositores al gobierno de Ulises Ruiz, integrante de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO)
“Operativo 14 de junio, Plan General de Operaciones Antibloqueo (20 de julio a 20 de agosto de 2006), Limpieza de Vialidades (21 y 22 de agosto de 2006) , Plan Hierro (1 al 17 de octubre de 2006) Plan Rector de Operaciones Juárez (28 de octubre de 2006 al 24 de enero de 2007) y Guelaguetza (del 1 de julio al 1 de agosto de 2007)”
La CVO considera que el gobierno estatal de Ulises Ruiz y los gobiernos federales de Vicente Fox y Felipe Calderón violaron en la población de manera masiva y sistemática derechos humanos como, el principio de presunción de inocencia, al debido proceso y garantías judiciales; detenciones arbitrarias , tratos crueles , inhumanos y degradantes
Usando a la detención ilegal y la tortura como una práctica diaria, incurriendo en desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales , y en resumen , crímenes de lesa humanidad
Al antiguo precandidato a la gubernatura por el PRI Eviel Perez Magaña, lo responsabilizan que como secretario de obras publicas fue uno de los creadores probablemente con recursos públicos , de Radio Ciudadana , la cual “sirvió para usar técnicas de contra información contra el movimiento social , con técnica de persecución , hostigamiento y estigmatización en contra de periodistas independientes y dirigentes del movimiento social”.
Al menos 33 periodistas y comunicadores fueron agredidos físicamente durante el movimiento. Dos de ellos fueron asesinados entre octubre y diciembre de 2006 , Bradley Roland Will y Raúl Marcial Pérez. Resultando en 2007, ejecutados tres voceadores de un diario local del Istmo de Tehuantepec
A diez años del conflicto, el número que la CVO establece como víctimas del conflicto es de 373, sin incluir a victimas que no se han presentado a declarar su experiencia por temor a represalias
Aseguran que hubo ejecuciones extrajudiciales promovidas o llevadas a cabo desde el gobierno de Ulises Ruiz, entre las que enumeran las de Arcadio Fabián Hernández, José Jiménez Colmenares , Lorenzo Sampablo , Alejandro García Hernández , Emilio Alonso Fabián, Esteban López Zurita, Alberto López Bernal , y los citados Marcial Pérez y Roland Will
Citaron que durante el 2006 y 2007 hubo en Oaxaca grupos gubernamentales ilegales que secuestraban, bajo pretexto de arresto, opositores al gobierno , las llevaban a sitios donde torturaban a las personas , a las cuales entregaban después a alguna autoridad que las volvía a torturar, hasta que eran puestas a disposición del Ministerio Publico
“Después de la entrada de la PFP la ciudad de Oaxaca fueron incluidos en este sistema de justicia , elementos del Ejército bajo el formato de “personal Comisionado a la Secretaría de Seguridad Pública, según información de la propia Secretaría de Defensa Nacional “
Recordaron que el activista Emeterio Marino Cruz fue cruentamente torturado, responsabilizando de esto al gobernador Ruiz , al en ese momento procurador , al director de la policía ministerial Daniel Camarena Flores , y al coordinador de Seguridad, Vialidad y Tránsito , Aristeo López Martínez.
Osorno señaló que la mayoría de victimas del 2006 que entrevistó la CVO señalan que el gobierno encabezado por Gabino Cué no brindó la justicia prometida. Debido a que los perpetradores no han sido sancionados y que las victimas no han sido reparadas de manera integral
La CVO señaló que la creación de la Fiscalía de Investigación de Delitos de Trascendencia Social y la misma Comisión de la Verdad han sido insuficientes, debido a que no se llevó un proceso de depuración de los cuerpos policiacos y de procuración de justicia
“Ya que tanto en la Fiscalía General de Oaxaca , la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca , la Secretaria de Seguridad Publica y el Tribunal Superior de Justicia quedaron perpetradores de derechos humanos que participaron en el conflicto del 2006 y 2007”.
