El IFAI ordenó a la Procuraduría Federal del Medio Ambiente dar a conocer cuántas denuncias, inconformidades o quejas se han interpuesto contra Grupo México, desde el 2000 a la fecha, detallando si fueron en la división minera, transporte o infraestructura; el seguimiento que se le dio, la sanción y si ésta fue cumplida.
El comisionado ponente, Joel Salas, pidió a la Profepa realizar una búsqueda exhaustiva que contemple a sus 32 delegaciones estatales, a la Subprocuraduría de Desarrollo Industrial, a la Dirección de Atención a la Denuncia Popular en Materia de Recursos Naturales, para que indique si hay pruebas de las quejas, si hubo sanciones, en qué consistieron y si se cumplieron.
El comisionado indicó que el caso expone un tema prioritario que es la transparencia de las industrias extractivas, incluso puso como ejemplo el derrame de tóxicos en los ríos Sonora y Bacanuchi que afecta a 24 mil personas y originó pérdidas por mil 800 millones de pesos.
“Se ha advertido que con las reformas energéticas de 2013, en la que se aprobó el cobro de derechos reportados tras deducciones se podrían generar incentivos al sector para evadir responsabilidades fiscales, también es necesario considerar los daños ambientales por esta actividad, en particular en 2014 ocurrió el derrame a los ríos Bacanuchi y Sonora ocasionados por la mina Buenavista del Cobre que está relacionada a Grupo México”, detalló.
Por ultimo, dijo que la gobernanza del sector minero debe fortalecer la transparencia para que los ciudadanos sepan si se respetan los derechos fundamentales de las comunidades aledañas a las zonas de explotación.
