“En el derecho penal la privación de la libertad de una persona es el último recurso que se debe de tomar y sólo debe hacerse para personas que verdaderamente representan una grave amenaza para la sociedad”, sostiene la Hermana Consuelo Morales, directora de la organización Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, con respecto al avance de la llamada “ley antiaborto” o reforma al artículo 1 constitucional de Nuevo León.
“Una cosa es interrumpir un proceso y otra cosa es un asesinato, es muy diferente”, continúa la también Premio Nacional por la Igualdad y contra la discriminación, en entrevista con Animal Político.
El pasado 28 de mayo, último día del periodo ordinario del Congreso de aquella entidad, se aprobó con 33 votos a favor, por parte de las bancadas del PAN, PRI y la bancada independiente, la llamada “ley antiaborto”, que propone “proteger el derecho a la vida, desde el momento de la fecundación hasta la muerte natural”, algo que organizaciones opositoras como CADHAC aseguran es reiterativo e innecesario pues la protección a la vida desde la concepción ya está protegida por el Código Penal de la entidad.
Con ella se pretende cerrar las causales e impedir la agregación de nuevas causales al aborto legal en el estado, que a la fecha sólo se permite en el caso de que la embarazada corra peligro de muerte o grave daño a su salud, o cuando el embarazo es producto de una violación.
Pese a ser una mujer religiosa, miembro de la Congregación de Notre Dame, Canónigas de San Agustín, para la hermana Consuelo Morales la ley antiaborto es fundamentalmente una cuestión de salud pública.
“Los promotores de la iniciativa, tanto legisladores como los grupos “Yo Soy Voz” y “Pro Vida” se dicen protectores de la vida, como si los que estamos en contra estuviéramos en contra de la vida, lo cual es una falacia,” dice.
“Cuando una mujer llega a la decisión de aborto llega en una situación, generalmente, muy presionada, en situaciones económicas generalmente muy difíciles, donde hay una situación de desesperanza, que la hacen sentirse obligada a tomar la decisión. Si es de clase media- alta o alta y es de Monterrey se va a Houston o a McAllen en Estados Unidos y no pasa nada. Recibe la atención necesaria y segura. ¿Qué pasa cuando una mujer de clase media baja o pobre decide esto? Si decide hacerlo lo tendrá que hacer en situaciones de clandestinidad que van a poner en riesgo grave su vida. Ahora si llega a salir bien de esa cirugía, va a tener que ir a la cárcel.”
Personalmente Consuelo Morales está en contra del aborto, pero aquello no le da derecho de penalizar a quien lo haga, alega. Incluso, piensa, aquello iría en congruencia con los principios que ella tiene como religiosa.
“El mismo Jesús dijo yo no vine a condenar a nadie. Nos están viendo como pecadoras que merecemos el castigo eterno. ¿Quién los hizo jueces a ellos? La invitación sería a ver diputados, ustedes dicen que quieren favorecer la vida, pues ayuden a esta mujer a que tenga verdaderamente vida y a que pueda tener su bebé bien y ayúdenla a mantenerlo. Cuántos niños tenemos en la calle que no tienen qué comer y se supone que estamos a favor de la vida, pues empiecen por ellos también.”
Por tratarse de una modificación a la Carta Magna de la entidad la “ley antiaborto” requiere de votaciones en el Pleno en dos periodos. Los legisladores neoleoneses dijeron que lo votarían el lunes 16 de junio, sin embargo, Cadhac prevé que podría aprobarse la semana que viene. Para pasar requerirá del apoyo de 28 legisladores.
Según las estadísticas del INEGI en materia penal, que abarcan de enero de 2009 a diciembre de 2012 –ya que sus bases de datos no registran los procesos por aborto en años previos–, por este delito han sido acusadas formalmente 151 personas (120 mujeres y 31 hombres), y, de ellos, 123 recibieron auto de formal prisión y enfrentaron juicio tras las rejas (101 mujeres y 22 hombres) y, de éstos, 108 fueron hallados culpables, y sólo en 15 casos se determinó la inocencia de los acusados y fueron puestos en libertad.
De esas sentencias condenatorias, 83 se concentran en diez entidades federativas: Baja California, Jalisco, Puebla, Hidalgo, Michoacán, Estado de México, Chiapas, Sonora, Quintana Roo, así como en el Distrito Federal (donde el aborto carece de pena, si se realiza antes de las 12 semanas de gestación).
“Nosotras hemos detectado tres tipos de personas contra las que vienen actuando las autoridades, en el caso del aborto –señala la directora del Centro Las Libres, con sede en Guanajuato–: se criminaliza a mujeres que sí deseaban interrumpir su embarazo, básicamente con la ingesta de fármacos, y que al presentar complicaciones acudieron a clínicas públicas, donde fueron denunciadas, se trata de mujeres sin recursos que, de haber podido acudir a un servicio médico privado, nunca habrían sido señaladas.”
Luego está, abunda, el grupo de mujeres que no deseaban interrumpir su embarazo, sino que, “ante el temor de ser señaladas por sus familias, ante el temor de ser juzgadas, regañadas, corridas de sus casas, ocultaron su embarazo, no recibieron atención médica adecuada, y finalmente sufrieron un aborto espontáneo. Pero se trata de casos en los que, además, inciden la pobreza, la mala alimentación, la falta de servicios de salud, la exclusión, y las cuales, nuevamente, son denunciadas al acudir a clínicas públicas”.
Y en un tercer grupo, señala Verónica Cruz, están las mujeres “que tampoco tenían la idea de abortar, que simplemente tuvieron un aborto espontáneo, muchas de las cuales ni siquiera sabían que estaban embarazadas, y que, como en los casos anteriores, terminan en servicios públicas donde las denuncian ante el Ministerio Público.”
Consuelo Morales ha sido distinguida en 2010 con el Premio Nacional por la Igualdad y contra la discriminación que otorga el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación; y en 2011, por su remarcable contribución al movimiento de derechos humanos, fue distinguida con el reconocimiento Alice Des Forges, al Activismo Extraordinario que otorga Human Rights Watch.
