Al menos 8 asociaciones civiles urgieron a la LXII Legislatura de Oaxaca armonice la Constitución local con la reforma federal del 2011 en materia de derechos humanos.
Código de Defensa Integral de Derechos Humanos “Gobixha” A. C. (Codigo DH); Iniciativas para el Desarrollo de la Mujer Oaxaqueña A. C. (Idemo); Grupo Mesófilo A. C.; DECA Equipo Pueblo A. C.; Centro de Apoyo al Movimiento Popular Oaxaqueño A. C. (CAMPO).
Servicios para una Educación Alternativa A. C. (Educa); Comisión Regional de Derechos Humanos Mahatma Gandhi A.C.; y el Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto A. C., son las asociaciones que le externaron esta petición a los diputados locales, al magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y al gobernador.
“La reforma a la Constitución local aprobada en abril de 2011, modificó 30 artículos pero sin armonizarlos con la reforma federal, usando un lenguaje diverso y omitiendo conceptos importantes contenidos en el artículo 1 de la Carta Magna”, expresaron.
Detallaron que los diputados locales omitieron: el principio pro persona, que garantiza la aplicación de la norma más favorable contenida en la Constitución o los tratados internacionales, buscando siempre la protección más amplia; interpretación conforme, es decir, la obligación de toda autoridad de llevar a cabo un control de convencionalidad.
Así también, las obligaciones del Estado de promover y respetar los derechos humanos; tampoco, manifestaron, reconoce los principios de aplicación de los derechos humanos de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
“Nos parece grave que el artículo 2 de la Constitución de Oaxaca se contradiga con el artículo 1, en cuanto al reconocimiento de los Tratados Internacionales, pues establece expresamente que la constitución federal y estatal son la ley suprema del estado.
“Deficiencias similares podemos encontrar en los artículos 3, 11, 18, 19, 33 y 97 constitucionales, que no son retomados en la reforma local. Y si bien hay avances en el tema del organismo público de derechos humanos, aún se observan vicios y deficiencias que la sociedad civil ha denunciado oportunamente”, acotaron.
Por ello, estas organizaciones instaron de manera inmediata al Poder Legislativo para que armonice el marco legal local con la reforma federal en materia de Derechos Humanos.
Al Poder Judicial para que aplique el principio “pro persona” de conformidad con los más altos estándares internacionales, así como el principio de “progresividad” de los derechos humanos en todas sus actuaciones.
Finalmente, le pidieron al Poder Ejecutivo traduzca la reforma en una política pública transversal, que revierta el contexto de impunidad y de discriminación imperante, para generar un ambiente de seguridad que permita el disfrute de los derechos humanos y propicie la existencia de un Estado Democrático.
