Con el Dictamen presentado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el ministro Mariano Azuela, en relación al conflicto del 2006, el máximo tribunal del país llega a la conclusión de que los ciudadanos oaxaqueños vivieron al borde de la ingobernabilidad y que sus garantías individuales fueron violadas en varias ocasiones.

Según el dictamen del ministro Azuela se reconoce que durante el tiempo que duró el conflicto hubo un excesivo uso de la fuerza pública, detenciones arbitrarias, instigaciones y violencia generalizada, aunado a la ineficiencia de las instituciones públicas para atender las demandas sociales que alargó la problemática estatal.

Sin embargo, la investigación realizada por el Máximo Tribunal Constitucional -derivada de su facultad de atracción- deja entrever que a pesar de las violaciones y consideraciones expuestas en el párrafo anterior, la Suprema Corte no responsabilizará a ninguna persona que haya participado activamente en aquel entonces, ni sancionará a algún funcionario de la administración estatal.

En ese sentido, personajes como Ulises Ruiz Ortiz, Jorge Franco Vargas, Lizbeth Caña Cadeza, Manuel Moreno Rivas, entre otros, identificados no solo por la ciudadanía oaxaqueña y medios de comunicación nacional, sino incluso por organismos internacionales en defensa de los derechos, como los responsables de exacerbar el descontento y haber ordenado y financiado a los grupos paramilitares que durante esos meses provocaron la muerte de 26 personas, podrían quedar impunes.

No es posible que en 943 páginas, la SCJN analice un Dictamen sin sopesar que quien derramó su sangre y puso los muertos fue la sociedad civil. Las personas que fueron arrancadas de sus familias, los presos políticos, quienes padecieron y enfrentan la persecución de estado, quien padeció los levantones, instigaciones, en fin, quien ha enfrentado un sin número de presiones que solo un ESTADO POLICIA es capaz de imponer fue la sociedad civil.

Un Estado democrático y de derecho es aquel en el que las leyes rigen la convivencia social y las autoridades no pueden sobrepasar las facultades que la misma ley les ha conferido; en ese orden de ideas y citando textualmente el referido Dictamen, en Oaxaca, durante el conflicto social 2006 no existió tal Estado de Derecho, las personas no tuvieron un mínimo de seguridad y justicia, la administración pública local no fue capaz de garantizar la gobernabilidad deseable, los poderes ejecutivo, legislativo y judicial fueron omisos e ineptos y en su conjunto no estuvieron a la altura que les exigía las circunstancias.

Por todo esto, resulta increíble y por demás inconcebible que la SCJN (que repito es el Tribunal que dirime y protege a la Constitución como órgano supremo) haya arribado a tal determinación sin señalar responsables de los agravios hacia la sociedad oaxaqueña.

A pesar de las valoraciones y pronunciamientos a favor de salvaguardar los principios rectores de la Constitución, la SCJN pretende desechar el legítimo derecho de los ciudadanos a manifestar libremente sus ideas y opiniones así como de asociarse públicamente, como lo sucedido en nuestra entidad en 2006.

Mire amigo lector, un Estado de Derecho debe su naturaleza a los elementos intrínsecos que lo forman: "Población, Gobierno y Territorio"; sin embargo, la sociedad misma y las instituciones que se crean para el ejercicio del poder público resultan ser la ingeniería de pesos y contrapesos necesarios para procurar la gobernabilidad, la certidumbre jurídica y la paz social en la Nación.

Por tanto, ningún Estado que se precie de respetar los valores democráticos permitiría que se menoscabe la esfera jurídica de la sociedad en ninguna de sus formas, o eliminando de tajo la procuración e impartición de justicia.

Lo ocurrido en 2006 fue una expresión sin precedentes; la sociedad civil activa, consciente e informada, después de haber agotado esterilmente los canales institucionales, utilizó la protesta y la movilización como último recurso para fueran escuchadas y atendidas sus necesidades y carencias; sin embargo, conforme transcurrió el tiempo solo recibieron la negativa y una indiferencia traducida en bloqueos policiacos, intimidaciones y violencia en las marchas, así como homicidios perpetrados por las "Caravanas de la Muerte" la cual estaba al mando de la Unidad Ministerial de Intervención Táctica (UMIT) que encabezaba la entonces Procuradora General de Justica del Estado, Rosa Lizbeth Caña Cadeza (hoy recompensada como Auditora Superior del Estado), del entonces Secretario General de Gobierno, Jorge Franco Vargas (hoy diputado federal plurinominal y Dirigente Estatal del PRI) y de José Manuel Moreno Rivas, y ellos, han quedado en la indiferencia de la SCJN.

Luego entonces señores ministros les pregunto ¿acaso le negarán a Oaxaca la justicia que reclama? ¿Quién reparará el daño sufrido a los lesionados, deudos y demás agraviados? La decisión está en ustedes, los culpables son harto conocidos, si no, volteen a la Recomendación 15/2007 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hecha al titular del Ejecutivo estatal Ulises Ruiz Ortiz en la que solicita que sancione penal y administrativamente a la entonces Procuradora de Justicia de Oaxaca Lizbeth Caña Cadeza en relación a los 26 homicidios, cientos de lesiones a manifestantes, violaciones gravísimas a la libertad de reunión, detenciones arbitrarias, tortura, ataques a la libertad de expresión, no respetar la propiedad privada, dilaciones en la procuración de justicia, irregularidades en la integración de las averiguaciones previas así como agresiones a medios de comunicación, todas ellas ocurridas en los meses de mayo a diciembre de 2006. Ó a la Recomendación AMR 41/040/2006 de Amnistía Internacional en la que refiere y condena los hechos de violencia del conflicto social y advierte con gran preocupación la ejecución del señor José Jiménez Colmenares muerto por 9 balas en una marcha en la ciudad de Oaxaca de Juárez.

De cualquier forma, me uno a la condena de la sociedad civil: NI PERDON NI OLVIDO.

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Dip. Benjamín Robles Montoya
Coordinador Fracción Parlamentaria
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